La Junta de Andalucía, liderada por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aprobado un decreto que afecta a la discapacidad. Concretamente se va a regular la organización y las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía.
Además, se va a desarrollar el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la comunidad autónoma. Se trata de una nueva norma que viene a sustituir al Decreto 258/2005, de 29 de noviembre. Todo ello por la necesidad de actualizar algunas de las funciones por el tiempo transcurrido.
El objetivo principal es simplificar el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad con el objetivo de reducir los tiempos de espera de las personas beneficiarias.
Esta norma, desarrollada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, aborda por primera vez el procedimiento para la obtención del grado. Y es que en Andalucía nunca se había desarrollado a pesar de que lo hicieron la práctica totalidad del resto de comunidades autónomas.
En el caso andaluz, las lagunas de la regulación establecida a nivel estatal en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, se completaban con la normativa general de procedimiento administrativo.
Mejorar la atención a las personas con discapacidad
Por lo tanto, en aplicación del principio de eficiencia, se ha procurado racionalizar, simplificar y automatizar los diferentes trámites dentro del procedimiento administrativo de grado de discapacidad. Todo ello dado que constituye el principio alrededor del que gira todo el sistema de servicios sociales. Esto está relacionado con los recursos y prestaciones del colectivo de personas con discapacidad. A esto se une el hecho de que el número de solicitudes de grado ha aumentado exponencialmente en los últimos veinte años.
Además, con esta medida se mejora la organización mediante el establecimiento de ratios de puestos de trabajo y equipos de valoración y orientación en función de la variante de la población atendida.
Asimismo, se han eliminado de la norma funciones obsoletas; mientras que se han incorporado tareas nuevas que se llevan a cabo; es el caso de los informes sobre datos de discapacidad sobrevenida en los casos de violencia de género.
En este sentido, se ha eliminado una de las actividades que más recursos consumía en la organización de los centros como es la acreditación de grado en los casos de pensionistas por incapacidad permanente y de clases pasivas por equiparación con la incapacidad laboral certificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La posibilidad de hacer una valoración no presencial
Entre las novedades más destacadas, el decreto incorpora un artículo para determinadas situaciones en las que sea posible realizar una valoración no presencial. Es decir, sin el examen físico de las personas interesadas.
Para ello, establece el análisis de la documentación aportada y la que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud y educación a los que se pueda acceder. Eso sí, salvo que conste oposición expresa de la persona interesada.
Por otra parte, la solicitud se podrá presentar de forma electrónica. El centro de valoración y orientación realizará las consultas necesarias para verificar los datos declarados en la solicitud en los ficheros en poder de las distintas administraciones públicas sin que la persona interesada deba aportar los documentos.
Una vez efectuadas las pruebas, el centro elevará el dictamen técnico-facultativo a la delegación territorial. Acto seguido se dictará la resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para el reconocimiento, declaración y calificación.
Los efectos del reconocimiento se entenderán producidos desde la presentación de la solicitud. Además, el plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. Estos se computarán a partir de la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro.
El decreto incluye una disposición adicional para los casos de tramitación de las pensiones no contributivas. A fin de agilizar estas solicitudes, se autoriza a los órganos de gestión de estas prestaciones económicas para que puedan acceder al Sistema integrado de servicios sociales y comprobar el cumplimiento de los requisitos de grado de discapacidad.
Asimismo, el personal técnico de valoración de la discapacidad puede consultar la información contenida en la historia clínica de las personas interesadas en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene reconocidas. Todo ello quedará sujeta al deber de secreto.
Labores de asesoramiento
Asimismo, estos recursos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ocuparán con el nuevo decreto de informar, asesorar y orientar a personas y entidades públicas o privadas sobre cuestiones específicas relacionadas con la atención a las personas con discapacidad, así como participar en actividades formativas y de sensibilización.
Los equipos de valoración y orientación se organizan conforme a criterios interdisciplinares y estarán compuestos, al menos, por la persona titular de la dirección del centro, que ostentará la presidencia; una persona con el Grado en Trabajo Social; otra en Medicina; y una persona con Psicología. Además, en determinados casos y a criterio de la dirección del centro, se pueden incorporar otros profesionales técnicos del centro con experiencia en la materia.
Este decreto se ha elaborado teniendo en cuenta la perspectiva de género. Y es que esta debe estar presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de todos los proyectos normativos y oído el Consejo Consultivo de Andalucía.
