La profesora del Máster en Educación Especial de UNIR, Patricia Solís, ha apuntado a que «lo ideal será que, en algún momento, dispongamos del Boletín Oficial del Estado (BOE) en lectura fácil y adaptado para todos». Es decir, apostar por la accesibilidad.
El Congreso de los Diputados ha retomado la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Todo ello con el objetivo de regular la accesibilidad cognitiva. Esta dimensión de la accesibilidad universal hasta ahora carecía de reconocimiento legal.
La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a casi 300.000 personas con discapacidad intelectual, además, ayuda a entender mejor a otras 500.000 personas con problemas de salud mental, o a buena parte de los casi nueve millones de personas mayores.
La Organización Mundial de la Salud cuantifica en una de cada tres personas en el mundo a quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad.
La accesibilidad no es solo las barreras físicas
Solís ha explicado cómo, hasta ahora, cuando se ha hablado de accesibilidad, se ha pensado en barreras físicas. «Nos estábamos olvidando de la accesibilidad cognitiva». Y hay que tener en cuenta que esta garantiza que «toda la información y todos los consentimientos sean realmente comprensibles».
Del hecho de acabar con la inaccesibilidad del lenguaje administrativo y legal, basándonos en el diseño universal para lograr la accesibilidad cognitiva, ha señalado, «nos beneficiamos todos, no sólo las personas con discapacidad o problemas de comprensión».
Ha apuntado a que «la autodeterminación no deja de ser una dimensión de la calidad de vida. Probablemente, es de las más afectadas en las personas con discapacidad» ya que no comprender el contexto que te rodea te impide tomar decisiones sobre él.
Ha recordado cómo, en pandemia, muchas personas no entendían el momento de confinamiento que vivíamos. Por tanto, es fundamental adaptar los mensajes a todo tipo de comprensión.
