El pasado martes 15 de julio el Consejo de Ministros aprobado, en la segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Debemos de tener en cuenta que el anteproyecto de ley fue aprobado a principios de febrero de 2025.
Ahora, tras darle luz al proyecto de ley, comienza la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados. El ministerio que ha impulsado este texto normativo ha sido el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, quien ha calificado la reforma como «un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad» tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que «promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal».
El Gobierno reconocerá el 65% de discapacidad a las personas con un grado II y III de dependencia
Una de las medidas más llamativas de esta reforma tiene que ver con la asignación automática del grado de discapacidad a las personas que tienen un grado de dependencia. En este sentido, se aplica menos burocracia y más agilidad con el fin de acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Una de las más importantes, de la que ya hablamos en Todo Disca, era el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Desde el Gobierno señalan que las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.
Como hemos indicado, una de las grandes ventajas de esta nueva ley de discapacidad y dependencia es que agiliza los tramites, entre los que se incluye el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones.
Además, como explica el Gobierno, también se pone en marcha con esta nueva normativa un procedimiento de urgencia. De esta manera, las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Cabe destacar que la reforma recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.
El artículo 49 y su importancia en esta reforma
Desde el Gobierno también han informado que en materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. En este sentido, la modificación fue votada en las Cortes Generales con un amplio consenso político a comienzos de 2024 para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad, antes mencionadas en dicho artículo como ‘disminuidos’.
De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. En línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva.
De esta manera, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
