Lo que era un secreto a voces ya es oficial. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes 11 de mayo al Anteproyecto de Ley para la reforma del artículo 49 de la Constitución con el fin de eliminar el término ‘disminuido’ del texto de la Carta Magna y sustituirlo por persona con discapacidad.
Ya lo adelantó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, quien aseguraba que una vez que decayera el estado de Alarma, el Gobierno llevaría acabo esta acción. Y así ha sido.
La ministra Ione Belarra lo celebra en Twitter
«Se elimina de una vez por todas el término ‘disminuido’ de nuestro texto constitucional», ha subrayado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en un tuit, publicado antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Además, según ha destacado, la reforma modifica «por completo» el articulado para «dejar atrás un enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos y, concretamente, en los derechos de las personas con discapacidad».
https://x.com/ionebelarra/status/1392061605312090115?s=20
«Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministro el Anteproyecto de Ley para la reforma del art. 49 de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta reforma era una demanda histórica de la sociedad civil y hoy hemos dado un paso fundamental para su modificación», explica la ministra.
Ione Belarra añade en la citada red social que «esta reforma permite hacer realidad un cambio de enfoque fundamental en la forma de abordar la discapacidad en nuestro país. Se elimina de una vez por todas el término “disminuido” de nuestro texto constitucional, pero no solo eso; ya que modifica por completo el articulado para dejar atrás un enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos y, concretamente, en los derechos de las personas con discapacidad».
Además, «el nuevo artículo reconoce que las personas con discapacidad son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo. También que los poderes públicos garantizarán su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección».
«Deben atender, además, la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de discrimación interseccional. Todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad».
La primera reforma «social de la Constitución»
La ministra asegura que esta es la primera reforma «social de la Constitución que pretende ampliar y reforzar la protección de derechos. Un objetivo que debe guiar las futuras reformas que llevemos a cabo del texto constitucional»
«A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España», ha indicado Ione Belarra.
Por último, señalaba que «en este Ministerio tenéis una aliada a la hora de trabajar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos trabajando para que estos cambios no solo se reflejen en la Constitución, sino que se hagan realidad en el día a día de la gente de nuestro país».
«Un paso adelante»
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado esta reforma como «un paso adelante» y ha puesto de relieve que aunque la Constitución ya supuso un «hito» en el avance de los derechos de las personas con discapacidad, el paso del tiempo hacía necesaria una revisión del artículo 49.
«Con el paso del tiempo se ha hecho evidente la necesidad de reforzar y mejorar los derechos de las personas con discapacidad, ofreciendo más garantías para su protección y adaptando la terminología», ha destacado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, ha remarcado que la reforma pone «énfasis» en la protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, «especialmente vulnerables».
La nueva redacción dice que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación», y encomienda a los poderes públicos la tarea de «realizar las políticas necesarias para garantizar la autonomía personal y plena inclusión social de las personas con discapacidad».
Asimismo, establece que se regulará «la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y subraya que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales».
Con esta reforma, según ha dicho Montero, el Gobierno demuestra que están «en condiciones de seguir modernizando la Carta Magna, mejorándola y adaptándola a la España real».
