El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley que tiene que ver con la discapacidad. En este caso, insta al Gobierno de España, que lidera Pedro Sánchez, a convocar la Conferencia sectorial de Educación; con representación de todas las comunidades autónomas. Todo ello para desarrollar el plan previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, también conocida como la Ley Celaá. La novedad es que los centros ordinarios deben de contar con los recursos necesarios para poder atender al alumnado con discapacidad.
El texto, presentado por Unidas Podemos, ha sido aprobado por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. La votación ha contado con el aprobado de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos y en contra de PP, Vox y Foro Asturias.
«Se hace imprescindible tomar medidas estructurales que permitan ir disminuyendo el porcentaje del alumnado con discapacidad que se deriva a centros especiales», ha indicado la diputada de Unidas Podemos María del Mar García Puig durante la defensa de la proposición no de ley.
«Un sistema inclusivo a todos los niveles»
Según ha precisado, la convención de los derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008, «apunta a la obligación de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles»; además, dispone que los estados firmantes «deben asegurar que las personas con discapacidad pueden acceder a la educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones».
Además, ha recordado que la legislación española «establece que los centros públicos y privados concertados deben garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro». Sin embargo, ha lamentado que «la realidad es muy distinta, pues la elevada concentración del alumnado vulnerable en determinados centros educativos se ha convertido en un obstáculo que imposibilita alcanzar la equidad».
PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos hablan sobre la nueva ley de educación
La diputada del PSOE María Olga Alonso ha destacado que la nueva ley de educación, la LOMLOE «facilita la libertad de elección de las familias»; hace «preceptivo que los profesionales tengan que escuchar a los padres» sobre la decisión de escolarización de sus hijos, y busca «incrementar los recursos para que cualquier familia pueda escolarizar a sus hijos en centros ordinarios». «Es una ley que blinda la igualdad de oportunidades», ha enfatizado.
Por su parte, la diputada del PP Sandra Moneo ha criticado esta iniciativa que supone «la propuesta de cierre de los centros de educación especial, es decir, el recorte de libertad de las familias a las que se somete a un modelo único monolítico». Además, ha afeado que en los Presupuestos «no han puesto ni un solo euro para trabajar en esa laureada inclusión» y ha precisado que este será uno de los asuntos que llevarán al Tribunal Constitucional.
Por parte de Vox, la diputada Georgina Trías ha remarcado el rechazo de su grupo a la disposición adicional cuarta de la LOMLOE referente a los centros especiales, cuya supresión pidieron, y ha preguntado a Unidas Podemos «dónde están los estudios que garantizan que la mejor opción para la educación de estos alumnos es el modelo inclusivo». A su juicio, la propuesta supone «discriminar a las familias que quieren una educación más especializada» para sus hijos con discapacidad.
