El vicepresidente de Plena Inclusión ha lamentado el fallecimiento por la Covid-19 de más de 400 personas con discapacidad en centros residenciales. Esta cifra, en sus palabras, «se podría ampliar porque se han producido fallecimientos de personas que viven con sus familias».
En este punto, ha recordado que en la primera ola de la pandemia han sufrido «un verdadero drama». Además de los más de 400 fallecimientos en sus servicios residenciales, han sufrido «insultos y persecución» de familias cuando realizaban paseos terapéuticos; pérdida de empleo; aumento de problemas de salud mental y comportamiento; o soledad.
Ante esta situación, Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de un plan de choque de apoyo ya que las entidades del sector de la discapacidad están haciendo «esfuerzos» para afrontar la crisis del coronavirus. «Ante las dificultades poner en valor el gran comportamiento de nuestras residencias y pisos tutelados que han dado un ejemplo de valentía», ha dicho.
El Covid-19 lo inunda todo
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (COFEMFE), Anxo Queiruga, ha reclamado poder acceder a los Fondos Europeos por haber sufrido «en primera persona» la pandemia y por ser una «pieza clave» de la defensa de los derechos. «Necesitamos transformar nuestras organizaciones para seguir prestando una atención de calidad», ha concretado.
Para el presidente de COCEMFE, el Covid-19 «lo ha inundado todo» y las personas con discapacidad física y orgánica han vivido «un enorme retroceso» durante el último año. Así, ha resaltado que desde la llegada de la pandemia el 73% de las personas con discapacidad han visto retrasadas sus citas médicas; el 56% ha tenido un empeoramiento de su salud; el 40% ha visto interrumpido sus tratamientos; el 20% se ha encontrado con una negativa a recibir atención sociosanitaria; y el 37% ha vivido un retroceso en general en sus derechos.
«Se priorizó a las personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad»
«Hemos visto y vivido cómo se priorizó a las personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad», ha criticado Queiruga, quien ha pedido que el colectivo sea un grupo prioritario en la vacunación por tener «un mayor riesgo de contagio o de desarrollar un Covid grave».
Precisamente, el presidente de la organización ha explicado que es «fundamental» que se vacune a la población en función de su grado de vulnerabilidad y ha incidido en que el Estado «tiene la obligación de asegurar la protección de los colectivos más vulnerables».
Asimismo, ha señalado que es «urgente» modificar la Ley de Propiedad Horizontal porque, a su juicio, resulta «inexplicable» que continúe habiendo personas que no pueden salir de sus viviendas, «transformándose sus hogares en sus propias cárceles». «Con la llegada de la pandemia todas las personas hemos vivido un confinamiento domiciliario, esto debería servir para tomar conciencia de que esta situación no debe seguir ocurriendo», ha apostillado.
Otra de las medidas prioritarias para el colectivo según COCEMFE es la creación de una nueva Ley General de Empleo, que incluya nuevas medidas que mejoren la empleabilidad del colectivo. «Un empleo digno y de calidad es un derecho de todas las personas. Nos permite participar de forma activa en la sociedad y disponer de los recursos económicos necesarios», ha dicho Quiruga.
«Tenemos que tener garantizado el derecho a la autonomía personal, que decidamos sobre todo lo que nos afecta y que podamos participar en la sociedad de forma activa», ha manifestado el presidente de COCEMFE, destacando que una de cada tres personas con discapacidad está en situación de pobreza o exclusión, algo que «influye directamente en la autonomía personal».
