Plena Inclusión ha estimado que las entidades del sector de la discapacidad tienen un sobrecoste entre un 30-40 % superior a lo habitual por las consecuencias del Covid-19.
«Nos cuesta ahora mantener nuestras entidades entre un 30 y un 40 por ciento más. Si las ayudas no se incrementan en una proporción parecida podemos tener dificultades para la sostenibilidad de alguno de nuestros centros». Así se ha expresado el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, quien ha intervenido en Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso. Allí ha informado sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
En concreto, Pérez ha hecho referencia al «sobreesfuerzo» que han tenido que hacer, especialmente al comienzo de la pandemia, con la compra de material sanitario como Equipos de Protección Individual (EPI), mascarillas o guantes. «No queremos bajo ningún aspecto que nos ocurra algo que seria un drama; que sería que los recursos que nos llegan fueran destinados a las estructuras y no a financiar proyectos».
Por ello, ha reclamado una financiación «estable» y que los sistemas de subvenciones «se puedan consolidar como derechos de las personas». «Venimos reclamando desde hace tiempo una mejora en la financiación, que es necesaria», ha precisado.
«Si hablamos de reconstruir nosotros también tenemos que formar parte de esa reconstrucción, porque si no es muy difícil salir adelante. Los Fondos Europeos nos parecen fundamentales», ha apostillado Pérez.
