Desde la Junta de Andalucía, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, lanzó un mensaje claro a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, asegurando que «todo lo que no sea firmar con Andalucía el 50% para la dependencia como con el País Vasco es una falta de respeto a esta tierra».
A esta petición se ha sumado el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía), que solicita al Gobierno de España la equiparación en el nivel de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) respecto a otras comunidades autónomas, como el País Vasco. Y es que, como bien afirma la consejera de la Junta de Andalucía, en dicha CCAA la aportación estatal alcanza el 50%. Sin embargo, actualmente en Andalucía la financiación está situada en torno al 30%.
La Junta de Andalucía exige igualdad en la financiación del sistema de dependencia
Como hemos destacado, desde la Junta de Andalucía lanzan un mensaje claro al Gobierno de España, y se basa en la búsqueda de la igualdad en la financiación del sistema de dependencia, ya que en España no se trata igual a todas las CCAA. En este sentido, Loles López y su partido han destacado que el Gobierno Vasco recibe el 50% de financiación del SAAD.
Por tal motivo, CERMI Andalucía se suma a la petición de la Junta de Andalucía y de la patronal de atención a personas mayores para que el Ejecutivo central aplique en Andalucía el mismo porcentaje de financiación que en el País Vasco.
Desde CERMI Andalucía señalan que esta diferencia supone un agravio comparativo que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios esenciales destinados a las personas con discapacidad en Andalucía, tales como centros residenciales, centros de día y otros recursos gestionados en su mayoría por entidades sociales sin ánimo de lucro.
La Ley recoge que el Estado debe contribuir el 50% de la financiación del sistema
Desde el CERMI aseguran que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia establece que el Estado debe contribuir, al menos, con el 50% de la financiación del sistema, correspondiendo el otro 50% a las comunidades autónomas. Pero como ocurre con otras leyes, no lo que recoge la norma es lo que se cumple. En este sentido, el CERMI explica que desde su entrada en vigor en 2006, esta proporcionalidad no se ha respetado, generando un déficit estructural que perjudica especialmente a los colectivos más vulnerables.
CERMI Andalucía, en una nota de prensa, considera que «esta situación de desigualdad financiera resulta profundamente preocupante ya que no solo compromete la calidad y continuidad de los servicios, sino que también atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y todas las personas con discapacidad, con independencia de su lugar de residencia, deben tener garantizados los mismos derechos y oportunidades».
CERMI Andalucía asegura que desde 2024 lleva exigiendo una financiación justa a través de distintas acciones reivindicativas, entre ellas una manifestación histórica celebrada en diciembre de ese año, que reunió a más de 15.000 personas. Tras conocer el reciente acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco, CERMI Andalucía hace un nuevo llamamiento a dicho Gobierno para que revise el modelo de financiación del SAAD y garantice un trato justo y equitativo a todas las comunidades autónomas.
