La atención a personas con discapacidad física en la Comunidad de Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las principales entidades y empresas del sector han alzado la voz por primera vez de forma conjunta para advertir sobre la grave situación económica que atraviesan, motivada por la falta de financiación y el modelo de gestión impuesto por el Ejecutivo regional. Las consecuencias, aseguran, podrían ser devastadoras: el cierre de centros, la pérdida de servicios esenciales y miles de familias desprotegidas.
Esta crisis se origina, según denuncian, en los contratos y acuerdos marco que regulan la Red Pública de Centros y Residencias. Estos documentos, elaborados de manera unilateral por la Comunidad de Madrid, imponen condiciones que consideran perjudiciales, sin posibilidad de negociación por parte de las entidades que deben ejecutarlos. La reciente firma del XVI Convenio Colectivo General del sector, que implica una subida salarial del 10 % desde enero de 2025, ha agravado aún más la situación, ya que la administración no ha previsto ninguna compensación económica para afrontar ese incremento de costes.
El aumento salarial, bien recibido, pero insostenible sin respaldo económico
Las entidades firmantes valoran positivamente la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, imprescindibles para ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, advierten que sin un aumento proporcional en la financiación pública, esta mejora puede convertirse en una trampa que empuje al colapso del sistema. “Es fundamental dignificar las condiciones laborales, pero la administración debe acompañar esos cambios con medidas que garanticen la sostenibilidad del servicio”, insisten.
Ante esta situación, han remitido comunicaciones oficiales a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a la consejera de Familia, Salud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, para reclamar una respuesta urgente. Entre sus demandas destacan: la redacción de un nuevo acuerdo marco con participación directa de las entidades; que no se prorrogue el actual modelo sin revisión; y la adopción de medidas que compensen el incremento de costes derivado del nuevo convenio colectivo.
El llamado urgente: soluciones antes de que sea demasiado tarde
Los responsables de centros y residencias subrayan que la actual falta de financiación limita gravemente la atención personalizada que requieren las personas con discapacidad física. Señalan que ya no es posible sostener el nivel de calidad y que el riesgo de recortes o cierres es real y cercano. Por ello, reclaman al Gobierno regional que se siente a negociar de inmediato y que impulse una solución estructural que garantice la continuidad del servicio.
La denuncia ha sido respaldada por numerosas entidades del sector, entre ellas AMEB, Fundación del Lesionado Medular, FEMM, Fundación Inclusive, ApanefA, Fundación Numen y Fundación Pita López, entre muchas otras. Todas coinciden en un mensaje claro: la atención a las personas con discapacidad no puede seguir dependiendo de decisiones unilaterales y falta de voluntad política.
