El sector de la Dependencia ve esperanzado el inicio de 2021. Todo ello después de un 2020 «muy difícil» debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ante el nuevo año, con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE); que a su juicio «revierten los recortes de servicios sociales y dependencia», piden que las listas de espera sean «la prioridad».
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, celebra que las partidas para la dependencia en los PGE aumentan hasta 2.359 millones, un 34,4%. Además, el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales aumenta hasta 100 millones.
Según precisa, se podría atender a 100.000 nuevos beneficiarios reduciendo la lista de espera de la dependencia en un 28%. Asimismo, se va a generar más de 25.000 nuevos empleos en el sector.
«La lista de espera debe ser la prioridad. La media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades, y solo en tres comunidades es inferior a seis meses», ha advertido.
Durante el año 2020, un total de 51.540 personas han fallecido en España en las listas de espera de la dependencia. En total, 31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar. Asimismo, 381.115 personas están a la espera de la ley de dependencia.
Objetivo: Reducir la lista de espera en dependencia
Por ello, desde el sector reclaman que los incrementos presupuestarios vayan acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera. «Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost», ha avisado.
También consideran preciso acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos; regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio. «Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta menos procedimientos», ha subrayado.
Asimismo, pide que las nueve comunidades donde este año han disminuido el número de beneficiarios a la dependencia, recuperen esa tasa de reposición y se ocupen las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, «máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia».
