Las personas que padecen algún tipo de discapacidad o que presentan movilidad reducida exigen a las administraciones competentes en esta materia una «financiación justa» de las entidades y servicios que prestan apoyo a estos colectivos en Andalucía. Sólo eso. Y para ello han vuelto a protagonizar durante todo este mes de marzo nuevas movilizaciones de protesta, con el objetivo de solicitar a las administraciones soluciones urgentes ante la crítica situación que atraviesan.
En este sentido, el sector de la discapacidad en Andalucía sigue así en la lucha y ha vuelto a alzar su voz para demandar una financiación justa que permita la sostenibilidad de sus entidades y garantice los servicios y la
atención que prestan a este colectivo. Para ello, las entidades que forman parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en esta Comunidad Autónoma han decidido denunciar las condiciones de estos servicios, incapaces de atender las necesidades y demandas de personas aquejadas de una patología incapacitante.
Paros y concentraciones
El movimiento de la discapacidad ha optado por realizar durante este mes de marzo un nueva ronda de protestas con paros y concentraciones todos los miércoles de cada semana a las puertas de sus centros y entidades, protagonizados por sus personas usuarias, los profesionales que las atienden y sus familiares, con objeto de reclamar esa necesaria mejora en su financiación.
De hecho, las movilizaciones se iniciaron en el último trimestre de 2024 con concentraciones en las ocho capitales andaluzas y finalizaron con una gran manifestación el 3 de diciembre que partió de la Plaza de España,
sede de la Delegación del Gobierno de España, y finalizó en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno Andaluz, una movilización que consiguió congregar a más de 15.000 personas coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Así mismo, el mensaje de este colectivo es unánime mensaje, exigiendo y reclamando una financiación ante la delicada situación que atraviesan los servicios públicos esenciales que prestan estas entidades. CERMI Andalucía considera que no se está ofreciendo una respuesta presupuestaria suficiente y proporcional a los gastos de sostenimiento de dichos servicios ante los distintos aumentos de costes salariales, suministros y las nuevas exigencias legales y normativas, por lo que las personas con discapacidad no son atendidas de la manera que deberían serlo.
Aumento del nivel mínimo de protección
Ante esta delicada tesitura en materia de discapacidad en Andalucía, CERMI reclama al Gobierno de España que si no hay Presupuestos Generales del Estado y hay una segunda prórroga, «se aumente la cantidad del nivel mínimo de protección que es competencia exclusiva del Estado», según establece la la Ley de Dependencia, o impulse un crédito extraordinario en materia de dependencia.
Así mismo, este organismo, insta a la Junta de Andalucía a mantener un encuentro para diseñar un nuevo modelo de sostenibilidad de las entidades e impulsar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo. El objetivo, por tanto, está claro: aumentar la financiación de las entidades y servicios que prestan apoyo a las personas con discapacidad en la región.
Finalmente, CERMI-Andalucía asegura que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a “una situación límite e insostenible”.
