Andalucía ha alcanzado un hito histórico en la atención a la dependencia al superar, por sexto año consecutivo, sus propios registros en materia de asistencia social. A 31 de enero de 2025, la comunidad cuenta con más de 297.400 personas atendidas y más de 444.300 prestaciones activas, consolidándose como el sistema de dependencia más extenso de toda España.
Estas cifras, presentadas por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reflejan un crecimiento de más del 40% en atenciones y del 59% en prestaciones respecto a 2018. Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera destacó que este avance es fruto de una «apuesta firme y decidida» del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar la calidad de vida de las personas dependientes en la región.
Un crecimiento sin precedentes en atención y recursos
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha implementado una serie de reformas estructurales que han permitido una mejora sustancial en la cobertura y calidad de los servicios. Entre ellas, el incremento de la inversión en centros de día y residenciales ha sido clave. El precio por plaza concertada ha aumentado en un 21% en el caso de mayores y un 24% en el caso de personas con discapacidad. Este crecimiento contrasta con las gestiones previas, cuando entre 2013 y 2016 las tarifas se mantuvieron congeladas.
Uno de los avances más significativos ha sido la creación de 4.553 nuevas plazas residenciales, muy por encima de las 283 que se habilitaron en la última legislatura socialista. Además, el servicio de ayuda a domicilio ha extendido su cobertura, alcanzando a 165.150 beneficiarios, lo que representa el 46% de la asistencia a nivel nacional.
La financiación, en el centro del debate
A pesar de estos logros, la consejera López ha insistido en la necesidad de una financiación justa y equitativa por parte del Gobierno central. En los presupuestos de 2025, la Junta ha destinado 2.331 millones de euros al sistema de dependencia, el doble de la aportación del Ejecutivo nacional, pese a que la normativa establece que la financiación debería ser equitativa.
López ha criticado la desigualdad en la distribución de fondos, asegurando que Cataluña y el País Vasco reciben un 50% de financiación estatal, mientras que Andalucía no recibe el mismo respaldo. También ha recordado la polémica gestión de María Jesús Montero cuando estuvo al frente de la Consejería de Salud y Bienestar Social, denunciando que durante su mandato se expulsaron a más de 22.000 personas del sistema y se eliminaron 1.500 solicitudes mensuales.
Con estos datos, Andalucía reafirma su liderazgo en la atención a la dependencia en España, apostando por un sistema más inclusivo y con mayor respaldo presupuestario. Sin embargo, el debate sobre la financiación y la equidad territorial sigue abierto, en busca de una solución que garantice la sostenibilidad de los servicios sociales en la región.
