La vida de Luisa cambió radicalmente en 2020, cuando la patología auditiva que padecía redujo significativamente la capacidad que tenía para llevar a cabo su trabajo de asesora laboral. De hecho, fue diagnosticada con una enfermedad denominada neurinoma o schwannoma vestibular, que se trata de un tumor benigno que suele aparecer en uno de los dos oídos, y que causa pérdida de audición y acúfenos.
Tras meses de investigación y de fuertes dolores en la zona afectada, el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se negaba a reconocerle ningún tipo de incapacidad, pese a las más que notables consecuencias que estaba acarreando. Finalmente, Luisa optó por demandar a la Administración Pública junto a sus representantes legales de Campany abogados y ahora goza una pensión de más de 1.700 € al mes.
Versión de la Seguridad Social
El proceso de esta mujer hacia la incapacidad permanente comenzó en enero de 2020, cuando Luisa se vio obligada a coger una baja médica, que agotó en julio de 2021. En ese momento, a los 18 meses de incapacidad temporal, se inició un expediente regulatorio por parte de los organismos competentes para determinar y valorar si la trabajadora tenía derecho a una prestación por incapacidad laboral.
Sin embargo, la Dirección provincial del INSS resolvió que no merecía ningún grado de incapacidad permanente. Una de las razones para tomar esta decisión se basó en que el Tribunal Médico consideraba que, si bien la audición había disminuido notablemente, esta afección no le provocaba pérdida de equilibrio ni inestabilidad a la marcha. A pesar de que esta afirmación no era cierta, lo realmente importante es que «le era muy difícil comunicarse, algo esencial en su trabajo como asesora», defienden desde el despacho de abogados.
En concreto, y como se demostró en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Social N.º 24 de Barcelona, esta trabajadora padecía un neurinoma en su oído izquierdo que había requerido una intervención quirúrgica. Las consecuencias de esta enfermedad habían sido la aparición de acúfenos permanentes y la pérdida completa e irreversible de audición en ese oído, por lo que Luisa sufría gran déficit conversacional. Por tanto, la jueza afirmó que «no hay duda alguna de que necesita de un buen nivel comunicativo para oír y asesorar, siendo la comunicación fundamental en el ejercicio de las funciones de asesoría, teniendo que mantener conversaciones con los clientes».
Más de 1.700 euros de pensión al mes
La magistrada que llevó a cabo este caso, finalmente, dictó que la mujer estaba incapacitada para su profesión habitual, y condenó al INSS a concederle una pensión de incapacidad permanente total. De hecho, se concluye que tomó esta decisión porque dio más validez a los documentos médicos del hospital que al dictamen del Tribunal Médico. De hecho, en la sentencia se puede leer que «este informe del INSS queda desvirtuado por el informe citado, al que otorgo mayor veracidad pues es de sanidad pública y servicio especializado».
La incapacidad total que logró Luisa era de tipo cualificada, es decir, que en lugar de una mensualidad del 55% de su base reguladora, el porcentaje a percibir es del 75%. Esto se debe a que en ese momento Luisa ya había cumplido los 55 años y estaba desempleada. Y como su base ascendía a 2.340,50 €, su prestación se fijó en 1.755,37 € al mes. Además, la resolución judicial, fechada en junio de 2023, le ha dado derecho a cobrar atrasos desde octubre de 2021, lo que significa que la Seguridad Social le ingresará un año y ocho meses de mensualidades no cobradas.
