Un nuevo caso de exclusión por discapacidad es el que ha sufrido Laura Cánovas, especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas tras aprobar un concurso-oposición en el turno de reserva para personas con discapacidad, ha sido cesada de su puesto por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias.
La decisión, emitida el 27 de noviembre de 2024, se basa en un informe de la Comisión de Evaluación Médica que la declara «no apta»» para desempeñar sus funciones por tratarse de una persona sorda, sin tener en cuenta la posibilidad de ajustes razonables.
Cinco años de excelencia docente truncados por una decisión controvertida
Este criterio médico ignora el desempeño de Cánovas durante cinco años en los que no recibió quejas de sus superiores ni del centro educativo, y contradice las normativas nacionales e internacionales que promueven la inclusión laboral. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, exige que se adopten medidas para garantizar la accesibilidad y el derecho a trabajar en igualdad de condiciones.
«Solo pido que se cumpla la ley, y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades», declaró la afectada, quien ha presentado un recurso de reposición y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que han calificado la situación de discriminatoria.
Un caso emblemático en la lucha por la inclusión laboral
La decisión de cesar a Laura Cánovas no solo afecta a su trayectoria personal, sino que representa un golpe a los avances logrados en materia de empleo inclusivo. Según las organizaciones de apoyo, el incumplimiento de los ajustes razonables perpetúa una barrera estructural que impide a las personas con discapacidad acceder y mantenerse en el empleo público.
“Este caso es un llamado urgente a las administraciones públicas para cumplir con sus obligaciones legales y éticas”, señalan las entidades. Además, recalcan que la resolución no solo vulnera derechos fundamentales, sino que envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones.
El caso de Laura Cánovas simboliza la lucha colectiva por la igualdad de derechos en el empleo público: “No por ser sorda tengo menos derechos que el resto de las personas opositoras’, apunta la maestra. Su resolución no solo impactará a una persona, sino que podría sentar un precedente crucial para garantizar que el talento y la experiencia sean valorados por encima de cualquier diferencia física o sensorial. Organizaciones y defensores de los derechos humanos instan al Gobierno de Canarias a rectificar esta decisión y a adoptar medidas para asegurar una inclusión laboral real y efectiva.
