Madrid y Sevilla son las provincias con mayor número de hogares que ya reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno, con 12.897 y 11.495 solicitudes aprobadas respectivamente, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Les siguen por debajo de los 10.000, Valencia con 8.563 hogares que ya reciben la prestación; Cádiz con 8.493, Málaga con 6.899, Alicante con 6.887 y Barcelona con 6.732, según los datos consultados por Europa Press. En el otro extremo se sitúan Segovia y Teruel, con 276 cada una, Guadalajara con 247, y Soria con 121. Todos estos datos se publican a falta de hacer los cruces con las haciendas forales.
En total, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido ya a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital. De esta forma, cuatro meses después de su puesta en marcha, la prestación llega a más de 400.000 personas, de las que prácticamente la mitad son menores.
Más de un millón de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital
Hasta el momento, se han recibido más de un millón de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital, la mayoría, un total de 133.113, proceden de hogares de Madrid, aunque también destacan: Barcelona con 81.198 expedientes, Sevilla con 62.861 y Valencia con 61.079.
No obstante, del total de peticiones que han llegado al INSS por los diferentes canales, más de 40.000 expedientes estaban duplicados o vacíos. Esa primera depuración sitúa los expedientes válidos en 975.000.
El Ministerio aseguró la semana pasada que tras los ajustes normativos del mes de septiembre, realizados después de la primera evaluación de la prestación, el ritmo de tramitación ha ido aumentando, de forma que actualmente se han analizado más de la mitad de los expedientes válidos. En total, más de 488.000 expedientes han sido tramitados por la Seguridad Social.
De los expedientes procesados, prácticamente dos terceras partes
(328.000) han sido resueltos, mientras que a otros 160.000 se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Además, 192.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.
Para el senador de Compromís, Carles Mulet, estos «son datos muy mejorables» y, por ello pide inaugurar «con urgencia» la coordinación con las autonomías.
«Lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, datos ni mecanismos; podrían generarse duplicidades que acaben perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos. No ha sido hasta después del caos cuando se han abierto a la cogestión con las CCAA del IMV», ha criticado.
Si bien, Escrivá indicó recientemente, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que los funcionarios del Ministerio están «todos los días» hablando con las CCAA y que si la gestión del IMV se hubiera dejado en manos de las comunidades desde el principio «se hubiera retrasado muchísimo el proceso» ya que «tardan años y años en arrancar una prestación».
Carta de las personas sin hogar
Por otro lado, la pasada semana, el Ingreso Mínimo Vital recibió las críticas del colectivo de personas sin hogar. Aseguran que esta prestación no llega a las 33.000 personas que se encuentran en esta situación en España.
«Claro que no funciona Señor Escrivá, pero precisamente porque el Ingreso Mínimo Vital tiene fallos en su diseño e implementación. La ayuda excluye a personas que están en situaciones de gran necesidad, como aquellas que carecen de un hogar», subrayó la entidad Hogar Sí en una carta enviada a Escrivá, a la que tuvo acceso Europa Press.
Entre estas barreras, en la misiva señalan que la principal es el empadronamiento, un requisito para acceder al IMV que no cumplen muchas personas sin hogar. Por otro lado, indican que puede darse el caso de que estas personas se encuentren empadronadas «en albergues, bancos en la vía pública o incluso farolas».
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a realizar una nueva evaluación de la prestación a principios del próximo año para conocer la cobertura real del Ingreso Mínimo a través de microdatos.
