La Fiscalía General del Estado ha propuesto en su Memoria de 2019 la regulación de un procedimiento judicial «especialmente garantista» de esterilización de personas incapacitadas judicialmente.
«Habida cuenta la enorme incidencia de la cuestión para los derechos de las personas con discapacidad, resulta necesario abordar la regulación de un procedimiento especialmente garantista, y con la debida intervención del Ministerio Fiscal», subraya la Fiscalía en su Memoria, publicada este lunes 7 de septiembre.
Según precisa la Fiscalía, la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica de 2015, introdujo la modificación del artículo 156, que remite a la legislación civil el procedimiento para la autorización judicial de la esterilización de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento.
Dicha ley señala que la esterilización deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad. O por su parte, en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la persona, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada.
Sin embargo, la Fiscalía apunta que dicho procedimiento contradictorio no se encuentra expresamente recogido en la legislación procesal civil, «lo que está generando dudas interpretativas», tal y como ha puesto de relieve la Fiscalía de Área de Alzira.
