La Fiscalía General del Estado ha propuesto reformar a través de una ley los mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores o con discapacidad ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios cuando no puedan decidirlo por sí mismas, en su Memoria de 2019, publicada este lunes 7 de septiembre.
Precisamente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha afirmado en su discurso oficial ante el Rey y la cúpula judicial con motivo de la Apertura del Año Judicial, ocasión en la que se presentan los datos de la Memoria anual de la Fiscalía General de Estado, ha afirmado que «estas materias han sido plateadas por las fiscalías territoriales como consecuencia de su experiencia práctica a lo largo del ejericio 2019 y que la pandemia ha convertido en asunto de enorme actualidad y cuya solución deviene hoy inaplazable».
En la Memoria, se especifica que «resulta necesario abordar, con rango de Ley Orgánica por afectar al derecho fundamental a la libertad del artículo 17 CE, una regulación específica de los internamientos en centros residenciales o sociosanitarios, diferenciada de los ingresos en centros sanitarios psiquiátricos, estableciéndose un procedimiento garantista que asegure el debido control periódico de la situación de la persona afectada».
La «inexistencia» de una regulación específica para este tipo de internamientos que, «por afectar en muchos casos a personas de avanzada edad con enfermedades neurodegenerativas, tienen vocación de permanencia o, al menos, un carácter indefinido que exige un constante control y supervisión, continúa provocando no pocos problemas en su aplicación práctica», añade.
Así lo pusieron de manifiesto, según la Memoria, las Fiscalías Provincial de Sevilla, de Área de Dos Hermanas o la Fiscalía de Área de Ferrol.
«Evidente merma de garantías para la persona afectada»
Dichas problemáticas se generan, según precisa la Fiscalía, cuando el centro residencial no pone en conocimiento de la Fiscalía dentro del plazo el ingreso o el trastorno psíquico sobrevenido que impide a la persona asumir su permanencia en una residencia a la que accedió de manera voluntaria.
En estos supuestos, indica que «no es infrecuente» que el órgano judicial acuda a la medida cautelar de protección que no exige que se practique el reconocimiento judicial, el examen forense, la información de derechos y el dictamen del Fiscal, «lo que supone una evidente merma de garantías para la persona afectada».
Tampoco es infrecuente, según añade, que dichas medidas cautelares se adopten de manera autónoma, sin estar vinculadas a un procedimiento de modificación de la capacidad, por lo que «se dotan en la práctica de un carácter indefinido contrario a su propia naturaleza».
Según detalla la Fiscalía, «la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha revelado de la manera más trágica la situación de extrema vulnerabilidad en que se hallan las personas mayores y/o con discapacidad, particularmente aquellas que se encuentran ingresadas en centros residenciales, asistenciales o sociosanitarios, y sus especiales necesidades de protección».
En este sentido, subraya que el control judicial que provoca cada caso de ingreso involuntario en centros residenciales es «una importantísima herramienta para detectar posibles situaciones de desamparo, abuso o desprotección de personas mayores o con discapacidad».
