El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha sugerido a la Generalitat la implementación de un plan autonómico de desinstitucionalización para fomentar la vida independiente y comunitaria del colectivo.
Su propuesta incluye un programa de ayudas para personas con discapacidad o mayores institucionalizadas, con una subvención de 12.000 euros por cada persona que opte por dejar la institución social residencial para mudarse a una vivienda en la Comunidad Valenciana que cumpla con las condiciones de habitabilidad y accesibilidad universal. Esta ayuda se aplicaría a viviendas bajo contrato de arrendamiento firmado por el beneficiario.
La entidad comunicó esta propuesta en una reunión con la dirección general de Vivienda de la Conselleria de Servicios Sociales, representada por Ana Isabel Caballer, con el objetivo de asegurar que las políticas de vivienda en la Comunidad Valenciana sean inclusivas y accesibles para todos los ciudadanos, según informa CERMI CV.
Durante el encuentro, se discutieron y sugirieron iniciativas debido a las dificultades —no solo de accesibilidad universal, sino también económicas— que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a viviendas dignas y accesibles.
Por ejemplo, se destacó la necesidad de un plan autonómico de desinstitucionalización que involucre políticas sanitarias, de vivienda y de atención a la discapacidad y/o dependencia, promoviendo viviendas públicas accesibles y asequibles en los barrios urbanos, basado en la recién aprobada estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. También se consideró importante la Ley de Viviendas Colaborativas, aprobada por la Generalitat en abril de 2023, que busca fomentar hogares que combinen la autopromoción y autogestión con espacios compartidos, promoviendo la vida comunitaria y la inclusión social.
En este contexto, CERMI CV busca impulsar nuevas formas de habitabilidad y convivencia que sean inclusivas e innovadoras, garantizando el derecho a vivir en un domicilio elegido con los apoyos necesarios.
Paralelamente, plantea una fiscalidad proactiva y nuevas prestaciones públicas para apoyar a las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento de su vivienda, mediante la reactivación del Plan Renhata y la posibilidad de incluir estas ayudas en una orden como la 6/2022.
Otra de las solicitudes a la Generalitat es proporcionar información exhaustiva a la ciudadanía, mediante una relación de preguntas frecuentes relacionadas con el Plan VIVE de vivienda pública, alineadas con los principios de transparencia y buen gobierno.
MÁS VIVIENDA PÚBLICA Y MENOS DISPERSIÓN EN LA NORMATIVA
Además, consideran necesario adecuar la «dispersa» legislación vigente de vivienda y poner en marcha viviendas de protección pública (VPP) que respondan a la demanda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Finalmente, CERMI CV propone la conformación de una mesa técnica para la vivienda inclusiva o un consejo sobre la calidad de la arquitectura, con representación de todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda, incluyendo las entidades de la discapacidad.
La reunión concluyó con un compromiso mutuo de continuar trabajando juntos para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a viviendas dignas, accesibles y asequibles, fortaleciendo así su inclusión y participación en la sociedad.
