Debido al segundo avance del coronavirus en España, Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha declarado la necesidad de «extremar los controles preventivos» sobre los trabajadores de las residencias de ancianos.
De esta manera lo ha manifestado la consejera en su visita a la Diputación de Segovia donde ha mantenido una reunión con el presidente, Miguel Ángel de Vicente, para conocer la evolución de las obras de acondicionamiento de los cuatro centros dependientes del ente provincial.
Ahora mismo en la situación es «buena y controlada» en las 1.214 residencias de Castilla y León, según ha recalcado Blanco, quién además ha destacado que «nos preocupa a todos que el virus no entre en los centros». Actualmente, solo tres residencias cuentan con más de tres casos positivos de coronavirus, una en Ávila y dos en Burgos.
«Hay algún centro que cuenta con algún brote, teniendo en cuenta que el brote es declarado cuando hay un usuario o un trabajador positivo», ha recordado la consejera.
A este respecto, Castilla y León, en coordinación con Sanidad, realiza PCR a todos los trabajadores tanto de centros públicos como de privados que se van a incorporar, bien porque han vuelto de vacaciones, de una baja o bien porque se incorporan para realizar una sustitución; ahí es donde se ha detectado algún caso en trabajadores que han dado positivo».
Por ello, «es necesario, por la propia prevención de la salud de los trabajadores, las familias y los usuarios, extremar estas medidas sobre los propios trabajadores», dado que el contagio se produce a través de la movilidad; en el caso de los centros, la movilidad de los usuarios, las familias y los trabajadores.
Una guía de actuación en constante actualización
La guía de actuación para las residencias de ancianos elaborada por la consejería de Familia y «en actualización permanente» establece que en un municipio donde hay un brote se prohíben las salidas de los usuarios de los centros residenciales al exterior y las visitas se restringen.
Por eso, «entendemos que también es necesario incidir sobre la tercera parte que son los trabajadores, con el objetivo de seguir manteniendo la situación que tenemos en Castilla y León», ha asegurado la consejera.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Junta de Castilla y León articuló una serie de medidas para «hacer frente a las necesidades que iban surgiendo en las corporaciones locales para atender a los servicios sociales, financiado en gran parte a través del Acuerdo Marco».
En marzo se habilitó un primer fondo extraordinario del cual se destinaron siete millones de euros a nivel regional para cubrir los servicios básicos y dos millones de euros para aquellas entidades locales, sobre todo Diputaciones, para hacer frente a la situación en los centros residenciales de mayores y personas con discapacidad.
Medidas para frenar el virus en las residencias de Castilla y León
Una vez concluyó el estado de alarma, la Junta, a través de un Decreto-Ley, estableció que los centros residenciales tenían que tener una dotación mínima de EPI para afrontar un posible rebrote, incrementar los ratios de personal y poner unas plazas a disposición del propio centro para aislar a positivos por COVID, así como tender a la distribución de los usuarios en habitaciones individuales, incrementar las inspecciones y dotar de formación a los profesionales.
«Y todo ello lleva un coste elevado; lo sabemos por los propios centros de la Gerencia de Servicios Sociales, cuya inversión en el conjunto de los 25 ha alcanzado los 11 millones de euros en la adquisición de equipos de protección individual y los siete millones en refuerzo del personal», ha apuntado Blanco, quien además ha reconocido que esas necesidades «también las tienen el resto de centros residenciales de la comunidad», por lo que se ha habilitado ese fondo de 20 millones y el incremento en la cuantía del Acuerdo Marco, fondo en el que se va anticipar el 100 por ciento en estos meses a las corporaciones locales para hacer frente a las necesidades en el área de Servicios Sociales.
De este fondo, el 35 por ciento será destinado a la atención residencial para que Diputaciones y Ayuntamientos realicen las obras de acondicionamiento de los centros y el refuerzo de personal para afrontar posibles rebrotes.
