En este 2025 el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, aprobó una anteproyecto que recogía la reforma de dos leyes: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. En definitiva, una reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad que trata de implantar «un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal».
La agencia de noticias Servimedia realizó un encuentro para analizar estas dos nuevas leyes en la que estuvieron presente dos personas muy vinculadas con ellas, como son Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y Mayte Sancho, directoria del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como IMSERSO.
3 claves sobre la nueva reforma de la ley de dependencia y discapacidad
A continuación vamos a resaltar cuales fueron las 3 claves principales que anunciaron estas personas a la hora de hablar de estas reformas legales. Y es que esta nueva ley contempla el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a todas aquellas personas que tengan reconocida una situación de dependencia. Esto, según asegura Jesús Martín Blanco va a permitir «aligerar las listas de espera para la valoración de la discapacidad«.
Las 3 claves que vamos a destacar son:
- El nuevo baremo de la discapacidad
- Agilidad en el proceso
- Mejoras en la vivienda
Nuevo baremo discapacidad
Jesús Martín defendió el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad que se instaló años atrás, que ha supuesto «pasar de un modelo médico a otro social», en el que además de las condiciones físicas «se tienen en cuenta circunstancias económicas y sociales».
Aun así, en busca de mejorar el funcionamiento de esta baremo, Jesús Martín Blanco ha puesto en marcha una auditoría para evaluar la aplicación de este nuevo baremo con el objetivo de «buscar las mejoras oportunas».
Mejorar la agilidad en el proceso
Antes hemos hablado de la importancia que va a tener el cambio que se recoge del reconocimiento automático del 33% de discapacidad, que va a suponer «reconocer que todas aquellas personas que en algún momento de nuestras vidas podamos necesitar apoyo, es porque tenemos una discapacidad».
María Teresa Sancho, por su parte, afirmaba que esta agilización que recoge la reforma de sus procedimientos es algo «especialmente urgente» en la valoración y revisión del grado de dependencia. «No podemos trabajar con estos plazos cuando estamos tratando con personas que pueden tener, de media, una esperanza de vida de dos años», zanjó.
Y es que en muchas ocasiones si no se agiliza la tramitación, «cuando se les reconozca el acceso a sus derechos, a lo mejor ya no están allí».
Las mejoras en la vivienda
Por último, pero no menos importante, Martín Blanco le dio valor a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que el anteproyecto también contempla. Con este cambio, «las comunidades de propietarios no puedan negarse a asumir las derramas».
Debemos de tener en cuenta que en la actualidad unas 100.000 personas, «fundamentalmente mayores», viven confinados en sus casas al no poder salir de casa, ya que sus edificios no son accesibles. Es por ello que sabían que era muy importante actuar sobre este tema y defender la vivienda accesible, porque la «accesibilidad es prioritaria en sus políticas».
La reforma del artículo 49 de la Constitución, todo un hito para las personas con discapacidad, se centraba en los principios de «autonomía personal, accesibilidad universal e inclusión», por lo que no se podía dejar de actuar sobre un bien básico como la vivienda.
