El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Seu d’Urgell (Lleida) ha condenado a una aseguradora a indemnizar con 20.552 euros a una mujer que fue atropellada por una moto al conducir una scooter por un paso de cebra, ya que la mujer mantiene su condición de peatona pese a que la Policía Local inicialmente la consideró culpable del accidente por cruzar de forma imprudente.

Según la sentencia impuesta por el juez, los vehículos que incorporan pequeños motores eléctricos para personas con movilidad reducida —o personas con causa justificada— deben ser considerados a todos los efectos «peatones».

«La culpa recae de forma íntegra sobre el conductor de la motocicleta por la errónea valoración efectuada en el momento del accidente», comenta el abogado de la acusada, Álvaro Machado, que ha explicado que el conductor pensaba que la conductora del scooter no iba a cruzar y por eso se cometió el atropello.

El abogado ha comentado que, ante la proliferación de vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes eléctricos, la controversia esgrimida por la aseguradora era «sobre si este tipo de usuarios deben ser considerados peatones, si se necesita licencia para conducirlos y si tienen prioridad de paso sobre otros vehículos como es en este caso una motocicleta que circulaba por la vía principal».

Tras el accidente, producido el 27 de septiembre de 2017 en la avenida Guillem Graell, la mujer reclamó 20.000 euros por lesiones y 5.000 por gastos sanitarios tras las heridas que le requirieron intervención quirúrgica.

La aseguradora demandada solo admitió parcialmente la responsabilidad al entender que hubo culpa de la conductora del scooter por ir circulando a una velocidad superior a la de un peatón y que fue ella quien embistió a la motocicleta en el paso de cebra.

Asimismo, la aseguradora alegó que la mujer conducía sin licencia para este tipo de vehículos y que no se puede asemejar a un peatón sin que pueda hacer uso de las aceras, según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En 1996 Juanjo, con 15 años de edad, tuvo un accidente de moto, momento en el que toda su vida y la de su familia dio un giro por completo. Debido al siniestro, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, lo que le obligó a permanecer nueve largos meses en coma postrado en una cama de hospital. Tras ese período de tiempo despertó y estuvo en un programa de rehabilitación, en el que avanzó relativamente rápida, ya que logró articular palabra y pudo dar sus primeros pasos.

Tiempo después, ese programa de rehabilitación se suspendió y Juanjo no pudo seguir sus avances. Tampoco le dejaron tener acceso a un logopeda y a un foniatra. Su familia al no constar de suficientes medios para ingresarlo en una clínica privada con atención especializada, el chico fue ingresado en una residencia con una plaza subvencionada por la Administración -una plaza privada con prestación al servicio de residencia-. Actualmente, la Conselleria de Igualdad paga a la residencia 969,11 euros todos los meses y la otra parte se cubre con la pensión de orfandad de 850 euros que tiene asignada.

Brazo atado

A partir de ese momento su estado de salud no ha avanzado en ninguno de los sentidos, sino al contrario, ha ido cuesta abajo y en declive. Se le ha concedido una discapacidad del 97% y prácticamente depende de las personas para poder vivir, no puede hacer nada por él solo. A su familia no se le permite verle con continuidad, no tienen accesibilidad directa. Sin embargo, pese a su constante degeneración física, su familia critica que gran parte del tiempo se le mantenga «atado a la cama por el único brazo en el que dispone movilidad y mirando a un armario, como si fuera una vegetal».

En sus últimas analíticas realizadas se ha demostrado que Juanjo padece una desnutrición, hecho que los trabajadores de la clínica defienden que es por la resistencia que pone el propio paciente a la hora de la ingesta de alimentos. También consta de varias úlceras debido a que lo tienen atado en la cama como, por ejemplo, en los pies. El mal estado de Juanjo C. «deteriora aún más su físico y la falta de cuidados específicos acelera su proceso crónico y degenerativo», expone uno de sus hermanos.

A este problema, se suma ahora que Igualdad ha trasladado a Juanjo C. a una residencia ubicada en Barx (próxima a Gandía) -en una zona montañosa- mientras que la familia vive en la ciudad de Valencia y tienen problemas de desplazamiento. «Queremos hacer un llamamiento público a la responsable de la política social de la Administración valenciana (la vicepresidenta Mónica Oltra) para que asuma que las familias con personas que tienen inmovilidad deben estar pendientes de su estado. Y que se convierte en una condena obligarnos a recorrer más de 60 kilómetros para poder estar con nuestro familiar el tiempo necesario y vigilar si se encuentra bien atendido o no», describe el hermano de Juanjo.

La familia a través de las redes sociales han realizado numerosos llamamientos y quejas para la concienciación de la situación de Juanjo, buscando todo el apoyo posible para que el chico pueda tener la atención necesaria y para que pueda darse una mejora en sus condiciones.