La Audiencia de Navarra ha condenado a ocho años de prisión a un varón de origen sudamericano, vecino de la Comarca de Pamplona y de 35 años de edad, por un delito continuado de abuso sexual cometido sobre su sobrina, de poco más de 20 años y que tiene reconocida una discapacidad física y psíquica del 65%.

De esta manera, el condenado tendrá que indemnizarla con 50.000 euros. El acusado, llegado a España en 2006 por ser familiar del padre de la víctima, vino para hacerse cargo tanto de ella como de sus hermanas.

Según la Audiencia la joven «presenta inmadurez para las relaciones sociales e ingenuidad, dificultades para consentir relaciones sexuales ya que su capacidad para consentir relaciones lo es sólo con personas con características similares a ella y en contexto no complejos, presentando tendencia a ser manipulada, sugestionada y engañada debido a las características de su personalidad, pues tiene necesidades afectivas, siendo vulnerable e influenciable».

“El acusado conocía perfectamente la discapacidad de la joven y su retraso y se aprovechó de la relación de familiaridad que le vinculaba con ella y, sin su consentimiento, abusó de ella”,  termina la Audiencia.

Según los relatos, en 2017 el acusado le hizo sentarse encima de él en un parque y comenzó a abrazarla y besarla en la boca. En otra ocasión, la invitó a ver una película a su casa junto a su hermana, para luego más tarde llevarla al cuarto, donde la besó y la penetró, para terminar diciéndole que se «callara y que hiciese como si no hubiese pasado nada». El último abuso se produjo en abril de 2017, cuando  en una barbacoa el detenido consumó un nuevo abuso.

La chica finalmente, pudo destapar todos estos abusos gracias a una nota que le escribió a una compañera en la escuela que decía: «Lo hice con mi tío y estoy ahora con ganas de devolver». La nota, que llegó a mano de la profesora, fue el desencadenante para destapar estos abusos. La joven llegó a contar el temor que tenía a «estar embarazada».

Para concluir, la forense la diagnosticó de reacción a estrés agudo y la Audiencia zanja que la víctima conserva sus capacidad para tareas simples, pero “están reducidas o debilitadas para las complejas y entre ellas las relaciones sexuales con adultos que no se encuentran en sus condiciones”.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han reclamado a los grupos parlamentarios que la supresión del Código Penal de la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente sea una de las primeras leyes que se aprueben en la nueva Legislatura, si esta finalmente se consolida y no hay disolución de las Cámaras.

La permanencia de la posibilidad de someter a prácticas de esterilización sin el consentimiento de la propia persona, fundamentalmente mujeres con discapacidad, es hoy la mayor violación de derechos contra las personas con discapacidad que persiste en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que urge su desaparición legal.

Precisamente el pasado mes de abril el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas instó a España, en sus observaciones tras el examen del cumplimiento por nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a derogar del Código Penal en el plazo de un año esta facultad, gravemente contraria a los derechos humanos.

Para dar efectividad a este mandato, el CERMI anima a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a presentar cuanto antes la correspondiente iniciativa legislativa de reforma del Código Penal, cuyo texto modelo la plataforma de la discapacidad tiene preparado, para desterrar definitivamente del Derecho español la esterilización forzosa.