Nuevo paso a favor de las personas con discapacidad auditiva. Y es que, como ha celebrado la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación (ley 15/2022 de 12 de julio) reivindica los derechos lingüísticos de las personas sordas. «Se trata de una medida ejemplar que viene a ampliar el marco de protección para nuestro colectivo», ha manifestado su presidente, Roberto Suárez.
A efectos de prevenir y erradicar cualquier situación de desventaja la nueva norma, además de la discapacidad, contempla la lengua como causa directa de discriminación.
Con ello, se obliga a garantizar el acceso a información y asesoramiento de las personas con discapacidad. Todo ello a través de formatos accesibles y comprensibles. Además, se reprueba el rechazo de adaptaciones o modificaciones que promuevan la participación y disfrute de todas las personas sin excepciones.
«Se trata tanto de poder acceder en lengua de signos, o con los recursos que cada persona sorda necesite, a la información y a la comunicación y a la vida en comunidad, como de que las personas sordas que nos comunicamos en lengua de signos no seamos discriminadas por ello”, ha destacado Suárez.
Otro aspecto importante de esta ley integral es su ámbito objetivo de aplicación. Y es que, al tratarse de una ley transversal, alcanza a todos las esferas de la vida política, económica, cultural y social. De este modo, cualquier política pública deberá contemplar también a las personas sordas. Ya sea sobre empleo, afiliación y participación, educación, sanidad, prestaciones y servicios sociales, acceso a bienes y servicios a disposición del público, vivienda, y medios de comunicación y publicidad.
«Un derecho inherente a todas las personas»
«La igualdad de trato y la no discriminación no admite exclusiones”, ha apuntado el presidente de la CNSE. “No es cuestión de privilegios o de mayorías. Tampoco depende de tu discapacidad, de tu capacidad para oír o para hablar. O de la lengua en la que te comuniques, sino que es un derecho inherente a todas las personas».
Por último, Suárez se ha mostrado confiado en que la ley 15/2022 contribuya a fortalecer un marco jurídico que apoye la promoción de las lenguas de signos como garante del ejercicio de los derechos de las personas sordas. «El uso de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”, ha recordado, «y como tal, no permitiremos que se queden al margen».