La organización Plena Inclusión ha demandado cambios legislativos de cara a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. De esta manera ha hecho un llamamiento a las administraciones autonómicas para que impulsen convocatorias específicas de empleo público orientadas a este colectivo.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de esta entidad en la región de Toledo, Luis Perales. En declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en un seminario técnico en el que se va a abordar esta cuestión en profundidad.
Perales ha abogado por cambiar la legislación con vistas a que estas personas encuentren un puesto de trabajo, ya que el desarrollo normativo de la Constitución Española y la Convención de la ONU reguladora de esta materia reconocen que «todos tienen los mismos derechos», si bien «la realidad muestra que no encuentran esas facilidades».
«Disparidad» entre autonomías
En este ámbito, ha recordado que la legislación contempla reservas de plazas para este grupo social, Ante esto dice que «una cosa es lo que dicen las normas y otra lo que realmente se ejecuta».
Además ha puesto de manifiesto la «disparidad» existente entre distintas comunidades autónomas.
A este respecto, ha sostenido que algunas regiones están dando «pasos adelante» en la integración laboral de las personas con discapacidad. Todo ello a través del empleo público.
De esta forma constituyen un «verdadero ejemplo», motivo por el cual algunas de ellas serán premiadas en este seminario.
Y es que en la actualidad el desempleo de este colectivo «dobla» al de aquellas personas en edad de trabajar que no padecen discapacidad. Esto es una situación que se agrava aún más en el colectivo con discapacidad intelectual, con una tasa superior al 50%.
Estos datos, que Perales ha atribuido a encuestas de ámbito nacional, «hay que tomarlos con cautela». Muchos estudios calculan la cifra de parados en función del número de personas con discapacidad reconocidas en centros base de atención y asistencia. En dichos estudios no se incluye a los que viven en zonas rurales, de modo que «el desempleo es mucho mayor».
Junta elevará la reserva de empleo público
Por su parte, el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de Castilla-La Mancha, José Miguel Camacho, ha precisado que el cupo para personas con discapacidad intelectual en las convocatorias de empleo público de la Junta de Comunidades se elevará hasta el 10 por ciento el próximo año, con respecto al 8 por ciento actual.
Del mismo modo, ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con la igualdad de oportunidades y, en ese sentido, ha apuntado que 800 personas con alguna discapacidad intelectual o física encontraron trabajo en la comunidad desde 2016.
Entretanto, el director general de la Fundación Once, José Luis Martínez Donoso, ha insistido en la necesidad de que empresas y gobiernos adquieran «compromisos firmes» con el propósito de «seguir avanzando en la inclusión laboral» de este colectivo.
