El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha comprometido ea respaldar el trabajo de las entidades sociales. A su juicio, eso es una obligación del Ejecutivo para lograr que España sea un país más justo y democrático.
Así lo ha asegurado Pablo Iglesias durante la Asamblea electoral, que se ha celebrado en la sede de Fundación ONCE. En ella se ha reelegido a Luciano Poyato como presidente durante los próximos cuatro años.
Durante su intervención, Poyato, ha pedido al vicepresidente reanudar la interlocución, algo “obligado” después de una etapa delicada con un Gobierno en funciones.
A su vez, ha reclamado transversalidad para abordar los temas sociales. Al mismo tiempo ha ofrecido al Gobierno diálogo y capacidad propositiva para solucionar los problemas reales de la ciudadanía.
Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias ha reconocido el trabajo de la sociedad civil. Sobre todo en los últimos años de crisis económica y recortes en políticas sociales.
Para él, estas entidades han sido las que han defendido y defienden a los colectivos más vulnerables. De la misma manera, ha dicho que la sociedad española destaca por su cultura solidaria. Para Pablo Iglesias, esto es marca España, y que tiene que ver con el trabajo que cada día hacen las ONG.
Asimismo, ha querido hacer referencia a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha puesto el foco de nuevo en las entidades sociales diciendo que el trabajo de éstas es una referencia y “absolutamente necesario” en la tarea de cumplir con los mismos.
Asamblea electoral
En la Asamblea electoral se han renovado los cargos de gobierno y representación de la Plataforma del Tercer Sector para su tercer mandato, correspondiente al periodo 2020-2024.
Poyato, presidente desde su constitución en 2012, ha resaltado que tras años de intenso trabajo el sector “es ahora más fuerte” y ha destacado como principales logros el grado de cohesión alcanzado y la interlocución con distintos ministerios y órganos de Gobierno, como el Poder Judicial, los sindicatos o grupos ecologistas, para lograr que se cumplan los derechos de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de mayor necesidad.