Nuevo paso a favor de la personas con discapacidad intelectual en materia judicial. Y es que el Consejo General de la Abogacía Española y Plena inclusión España han firmado un convenio de colaboración. Todo ello con la idea de promover una serie de acciones concretas el pleno acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Según ha informado la Abogacía Española, en ese convenio se establece un posicionamiento estratégico común sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este acuerdo no contempla contraprestación económica para ninguna de las partes.
Además, detallan, ese documento contempla un aumento de la participación en jornadas formativas y de sensibilización de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.
Por último, el convenio plantea difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento –adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso– y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.
El acceso a la justicia de las personas con discapacidad
El acceso a la justicia es un principio fundamental del estado de derecho. Es una herramienta fundamental para hacer valer otros derechos humanos, restituir derechos, indemnizar a las víctimas, reconocer a la persona y contrarrestar la discriminación.
El acceso a la justicia incluye un acceso a los tribunales en igualdad de condiciones y la igualdad ante estos. La garantía de este derecho es, además, fundamental para combatir la marginación social y económica.
En el año 2013, Plena inclusión España (entonces FEAPS) publicó el informe ‘Las personas con discapacidad intelectual ante los procesos penales’. En dicho informe se pretendía estudiar el impacto de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico penal español, así como poner de relieve un problema invisible, como:
- Situación de indefensión
- Barreras en el acceso a la justicia
- Vulneración sistemática de derechos a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los procesos judiciales
Posteriormente, en 2016 la Asociación Española de Fundaciones Tutelares publicó un informe sobre la falta de accesibilidad a la justicia en el ámbito civil. Este trabajo es el resultado de una intensa labor de investigación y debate. Según Plena Inclusión, no hubiera sido posible sin la implicación y el apoyo de un conjunto amplio de organizaciones y personas expertas. Todas ellas han han querido compartir generosamente su conocimiento para que podamos plasmarlo por escrito.