La ley de eutanasia discrimina a las personas con discapacidad

El CERMI ha pedido al Congreso corregir expresiones de la ley de eutanasia para que no discrimine a las personas con discapacidad

Ley de Eutanasia

Ley de Eutanasia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a los grupos parlamentarios del Senado; donde continúa la tramitación de la Ley de Eutanasia, a que corrija determinados aspectos del texto aprobado en el Congreso. Todo ello con el objetivo de evitar cualquier discriminación hacia las personas con discapacidad.

En concreto, el CERMI ha preparado una serie de enmiendas para el trámite en el Senado. En ellas piden que modifiquen ciertas expresiones de la Proposición de Ley. La idea del CERMI es hacerla compatible con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Aunque el CERMI aún no ha hecho públicas estas enmiendas, en septiembre ya presentó otras ante el Congreso. En ellas pedía eliminar determinadas expresiones para referirse a las personas con discapacidad del texto normativo como: «persona plenamente capaz»; «en plena capacidad de obrar»; «limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física»; «situación de incapacidad de hecho», que siguen presentes en la proposición de ley.

Expresiones «imprecisas» para las personas con discapacidad

Para el CERMI, estas expresiones para hacer referencia a la discapacidad son «imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos» y «pueden dar pie a interpretaciones indeseables».

Por ello, el CERMI sugiere seguir los criterios de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas para eliminar «cualquier elemento no acorde con los derechos humanos de las personas con discapacidad«.

En concreto, se refiere a una nota oficial emitida por el relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU Gerard Quinn; el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos Olivier De Schutter, y la experta en derechos humanos de las personas mayores Claudia Mahler, en la que advertían a los Estados de que la discapacidad nunca debe ser motivo o justificación para poner fin a la vida de alguien, directa o indirectamente.

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