«La inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad deben estar en la ley»

El Instituto Cervantes se incorpora al Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española

Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), centro asesor y de referencia en lengua de signos española del Real Patronato sobre Discapacidad, celebró la reunión de su Consejo Rector para dar a conocer los resultados obtenidos durante el año 2020.

Además, dicho acto ha servido para presentar la propuesta de actividades para este 2021, en materia de investigación, fomento, difusión y buen uso de la lengua de signos española.

La reunión ha estado presidida por Jesús Martín, director del Real Patronato sobre Discapacidad. Jesús dio la bienvenida a nuevos miembros del Consejo Rector del CNLSE como Carmen Noguero, Secretaria General del Instituto Cervantes; y Francisco J. Trigueros, presidente de FASOCIDE.

Además, les han acompañado Purificación Llaquet, Subdirectora General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Francisco Javier Rebollo, Subdirector General de Diálogo Civil de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad; y Francisco Dávila, Consejero Técnico del Real Patronato sobre Discapacidad.

Por parte de las entidades representativas de las personas sordas y sordociegas se ha contado con la presencia de Concha Díaz, presidenta de la CNSE y su Fundación; José Luis Aedo, presidente de FIAPAS; y Raquel Alba, de FOAPS.

«La inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad deben estar en la ley»

Durante la celebración del Consejo Rector del CNLSE, el director del Real Patronato sobre Discapacidad ha afirmado que «la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad deben estar en la ley».

En este sentido ha señalado que «es la mejor fórmula para blindar sus derechos y porque ofrece seguridad jurídica en caso de incumplimiento. Esta será premisa que presidirá el Reglamento de la Ley 27/2007. Esta norma pondrá a las personas sordas y sordociegas y a sus familias en el centro para puedan elegirlo todo, porque en el ejercicio de los derechos humanos todo suma».

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