Coincidiendo con el Día de la Cero Discriminación, el Observatorio de Derechos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) visibiliza, a través de un informe, múltiples casos de vulneración de derechos de personas con discapacidad intelectual apoyadas por las entidades tutelares durante la primera ola del Covid-19 y la desescalada.
La discriminación por razón de su discapacidad ha estado presente en muchos de estos casos y ha puesto en evidencia cómo la visión que impera de la discapacidad sigue sin reconocer la ciudadanía plena de este grupo de personas, sus derechos, su autonomía para la toma de decisiones y su dignidad.
El informe analiza 44 situaciones comunicadas por distintas entidades tutelares miembro de la AEFT. Estas situaciones se clasifican en tres tipos: un 61% del total son aquellas que suponen una vulneración de derechos para las personas por razón de su discapacidad; un 16% son situaciones en las que se ha agravado la restricción de derechos por motivo de la discapacidad y, el 23% restante, situaciones que ha vivido de forma generalizada toda la ciudadanía.
Dentro de las situaciones consideradas vulneraciones de derechos se exponen, sobre todo, casos relacionados con limitaciones de movimientos, de acceso a la atención sanitaria y aquellos causados por aislamientos y confinamientos prolongados, que han afectado a una persona en concreta o a grupos de personas.
Por otro lado, se distinguen aquellas situaciones donde el hecho de ser una persona con discapacidad ha supuesto un agravamiento de las medidas o de sus efectos y que tienen que ver principalmente con las barreras del entorno, la falta de acceso a la información y la ausencia de determinados apoyos.
Dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual
Este informe constituye uno de los pocos trabajos de análisis de casos de experiencias vividas durante la pandemia por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. Su difusión responde a la necesidad de visibilizar el efecto que han tenido la pandemia y la aplicación de medidas de contención sobre sus derechos, con el deseo de establecer evidencias para la reflexión y la búsqueda de respuestas inclusivas, que garanticen la igualdad.