El impacto económico derivado de la crisis de la COVID-19 será de 7.897.877,99 € en las entidades de PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, que trabajan en la defensa de derechos y la prestación de servicios de las personas con discapacidad.
Desglosado, las asociaciones que componen la confederación han incurrido en un gasto extraordinario de 1.294.479,57 €, en material sanitario, limpieza y desinfección, adaptaciones para el teletrabajo (plataformas, inversiones informáticas, conexiones, asesoría informática…), adaptación de espacios a nueva normalidad o adaptación del transporte de personas usuarias de los servicios que prestan, que se suma a la previsión de gasto en los mismos conceptos hasta final de año, un total de de 2.625.447,00 €.
Por otro lado, a este balance hay que incluirle la disminución de ingresos previstos por parte de las entidades miembro de 3.977.951,42 €, causado por la pérdida de financiación pública, pérdida de financiación privada, pérdida de cuotas de servicios y otro lucro cesante.
“En esta emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestra historia reciente, en un contexto excepcional, el papel de las entidades sociales está siendo primordial para hacer frente a los efectos de la pandemia”, explica Francisco Sardón, presidente de PREDIF.
Las entidades de discapacidad, claves durante el estado de alarma
Durante el estado de alarma, cuando los servicios sociales han colapsado y las personas con discapacidad han estado en una grave situación de vulnerabilidad, “han sido las estructuras más cercanas a las personas las que han podido mitigar en parte el daño provocado”. Al mismo tiempo, asegura Sardón, “han sido las entidades de la discapacidad las que se han movilizado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad cuando estos se han visto amenazados por los protocolos impuestos en el acceso a la sanidad”.
Las entidades sociales llegan donde las administraciones muchas veces no pueden. De esta forma, prestan servicios cuya continuidad es necesaria para numerosas familias.
Sin embargo, estas entidades han sido unas de las que más han sufrido económica, social y sanitariamente estos efectos al derivar una gran cantidad de recursos propios a la atención directa y urgente que las personas beneficiarias han necesitado.