Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada ha dado la razón a una profesora sorda. En la sentencia obliga a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a facilitarle un intérprete de lengua de signos a la docente con discapacidad auditiva. Además, tendrá que llevar a cabo todas aquellas medidas adaptativas necesarias para el desarrollo de la labor de una trabajadora docente con sordera profunda, «en condiciones de igualdad con sus compañeros».
Emitida el pasado 29 de marzo, la sentencia es «histórica» según ha indicado Ustea, sindicato que ha informado del pronunciamiento judicial. Además, concierne a una funcionaria con discapacidad auditiva por sordera profunda, que había obtenido su plaza en las oposiciones de 2011 por el turno de discapacidad.
Sin embargo, tras la obtención de la plaza en Granada, durante más de diez años, «ha tenido que afrontar su día a día laboral sin adaptación alguna a su puesto de trabajo». Esto ha dado lugar, señala Ustea con base en la sentencia, a «la existencia de una situación de discriminación patente, manifiesta, flagrante e intolerable».
El Defensor del Pueblo Andaluz apoyaba a la docente
Contó con un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que dio argumentos que sostenían las demandas interpuestas en favor de la trabajadora de Granada. Para el sindicato, aunque la resolución del juicio, «pandemia de por medio, ha tardado casi dos años, la espera ha merecido la pena, pues la contundencia de la sentencia judicial no deja lugar a dudas y supone un importante avance en el derecho al trato en igualdad de las personas trabajadoras discapacitadas».
Si bien este derecho está reconocido por ley, en muchas ocasiones, prosigue Ustea, «el camino al que se enfrentan estos trabajadores y trabajadoras para ver adaptado su puesto de trabajo está lleno de laberintos y de vías muertas, que los deja en un situación de desamparo. Esta frustración laboral y personal origina consecuencias negativas en la salud de dichas personas, tal y como apunta la propia sentencia judicial».
Más allá de este caso concreto, el sindicato ha pedido a la Junta de Andalucía una revisión exhaustiva de todos los casos que estén en una situación de discriminación similar, «solventando el problema con la adaptación pertinente».
