La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE) ha mostrado su preocupación ante la vuelta a las aulas del alumnado sordo. Y es que «año tras año se vulneran los derechos de miles de niñas, niños y jóvenes sordos sin ningún miramiento».
En opinión de su presidenta, Berta Viñas, es “inadmisible” que se les nieguen los recursos y adaptaciones necesarias para acceder a la educación en igualdad de condiciones que sus compañeras y compañeros. «Las personas sordas tenemos derecho a seguir las clases con normalidad; y por tanto, a contar con la presencia de intérpretes de lengua de signos, materiales adaptados, y ayudas técnicas».
Sin embargo, lo más frecuente es que los intérpretes se incorporen de forma tardía a las aulas. Además, pocas son las veces cubran todo el horario lectivo. «Y eso en el mejor de los casos», lamenta Viñas. La presidenta del CJS-CNSE acusa a la comunidad educativa de falta de compromiso con las necesidades comunicativas del estudiantado sordo.
Al respecto, anima a alumnas y alumnos sordos a «rebelarse ante tal incumplimiento». Además, pone a su disposición la guía de autodefensa para personas sordas de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) . Todo ello para que «puedan ejercer su derecho a réplica».
Estudio sobre la Situación Educativa de la Juventud Sorda en España
En esta misma línea se ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. Ella apunta que la Ley 27/2007 reconoce el derecho de las personas sordas a elegir qué tipo de apoyos necesitan «no se cumple en su totalidad».
A esto le añade que tampoco lo hace la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera reivindica la aceptación de la diversidad del alumnado sordo como primer paso para el cumplimiento de sus derechos.
«La realidad es que cuando un alumno que utiliza audífonos o bucle magnético solicita un intérprete de lengua de signos, sus propios centros se lo deniegan».
Así lo exponen estudiantes sordos de educación postobligatoria en el ‘Estudio sobre la Situación Educativa de la Juventud Sorda en España’ que la CNSE presentó públicamente el pasado mes de junio.
«Nada justifica la presión y la incertidumbre a la que se les somete cada comienzo de curso», critica Concha Díaz. «Las consejerías de educación deberían proveer al alumnado sordo de profesionales cualificados con unas condiciones laborales dignas y una formación permanente que aseguren su buen desempeño».
En cuanto a la actitud del profesorado, la mayoría de los participantes en el estudio coinciden en que «tratan de facilitar su aprendizaje con los recursos de que disponen». Sin embargo, reconocen que «no siempre saben cómo hacerlo».
«La lengua de signos y la lengua oral son complementarias y no excluyentes»
Tampoco es alentadora la situación que atraviesa la infancia sorda en el ámbito educativo. Según denuncian las familias en el citado estudio, “encuentran muchos obstáculos a la hora de elegir una educación bilingüe intermodal para sus hijas e hijos sordos”. Incluso se llegan a plantear la obligación de definirse como ‘oralistas o signantes’.
Una imposición que para la presidenta de la CNSE «carece de fundamento, ya que la lengua de signos y la lengua oral son complementarias y no excluyentes».
De hecho, el estudio alude a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y a diversas investigaciones que recomiendan que estas alumnas y alumnos cuenten con un referente sordo adulto competente en lengua de signos en todas las etapas educativas y que, asimismo, destacan la necesidad fomentar la participación con ‘grupos de iguales’ en su día a día.
«La mayor parte de las niñas y niños sordos proceden de familias oyentes», apunta Díaz. «Si nadie explica a sus madres y padres en qué consiste la lengua de signos y cuáles los beneficios que reporta su uso desde edades tempranas, se les está negando que puedan acceder de forma normalizada a una educación bilingüe, de calidad y realmente inclusiva para con el alumnado sordo».
