Exigen que en los criterios de acceso a las UCI no se tenga en cuenta la discapacidad Tener una discapacidad no implica menor calidad de vida, puesto que se trata de una situación social y no una condición médica, por tanto, no puede ser uno de los criterios de exclusión en las UCI

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere hacer un llamamiento al personal y autoridades sanitarias para que los criterios de asignación de recursos y los sistemas de triaje en situaciones de emergencia que se apliquen por la crisis del COVID-19 no tengan en cuenta la discapacidad preexistente de las personas.

Tener una discapacidad no implica menor calidad de vida

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, asegura que “tener una discapacidad no implica menor calidad de vida, puesto que se trata de una situación social y no una condición médica, por tanto, no puede ser uno de los criterios de ingreso que se establezcan para la descarga de las unidades de cuidados intensivos ante la crisis del coronavirus en España”.

COCEMFE considera que los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de las sociedades científicas deben respetar el ordenamiento jurídico, el principio fundamental de no discriminación y los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad.

Garantía de supervivencia

“Las personas con discapacidad debemos tener la garantía de que nuestra supervivencia es una prioridad” afirma Queiruga, destacando “la necesidad urgente de que el sistema sanitario establezca protocolos para emergencias de salud pública que garanticen, cuando los recursos médicos sean limitados, la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas que se adopten para salvar vidas”.

Por ello, COCEMFE y todo el sector de la discapacidad en nuestro país reclaman a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad, y piden al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.