La búsqueda de empleo tras la pandemia del Covid-19 se ha convertido en una constante. Muchos más en las personas con discapacidad, que ya tenían problemas en este sentido antes del coronavirus. Por ello, desde la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) han pedido ante la directora general de Economía Social del Gobierno de España, Maravillas Espín Sáez, «mayor igualdad de oportunidades» en la contratación pública para poder beneficiar a más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en un modelo determinado de centros especiales de empleo.
Esta reclamación coincide con las conclusiones hechas públicas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE. En ellas advierte de restricciones en la legislación española reguladora del acceso a los contratos reservados.
Este pronunciamiento se ha producido como consecuencia de un contencioso interpuesto por CONACEE. Todo ello ante una situación que consideraba discriminatoria. La expulsión de más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo existentes en España del acceso a los contratos reservados.
«Crear condiciones igualitarias en la contratación pública para todos los centros especiales de empleo, es esencial para que el empleo de las personas con discapacidad evolucione hacia modelos más competitivos en los mercados ordinarios, de forma que los apoyos y subvenciones actúen como verdaderos motores para normalizar esta vía de empleo e integración para las personas con discapacidad», ha subrayado el presidente de CONACEE, Ángel Luis González Olivares.
Dos modelos de centros especiales de empleo
Desde 2018, en España se contemplan dos modelos de centros especiales de empleo en función de su orientación y de su estructura. En este caso, se diferencian los denominados de iniciativa social respecto a los considerados de carácter empresarial.
Según explica CONACEE, todos ellos comparten porcentajes de empleo de personas con discapacidad superiores al 70%. Además, compiten abiertamente en el mercado, con la diferencia de que los primeros deben estar promovidos o participados en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro. A ello hay que sumarle que deben revertir sus beneficios en el propio proyecto; o en proyectos que tengan como fin la inserción laboral de las personas con discapacidad.
CONACEE representa tanto a entidades empresariales como a entidades sociales. Para ellos, el problema es que «esta diferencia en su origen justifica que se mantengan salarios y condiciones laborales para las personas con discapacidad sensiblemente inferiores en las entidades catalogadas de función social que en las iniciativas empresariales».
Impulsar el emprendimiento
En el ámbito empresarial, la patronal destaca el impulso que está teniendo el fomento del emprendimiento en este ámbito de centros especiales de empleo, «liderado en muchos casos por personas con discapacidad». Ellas son las que compiten abiertamente en mercados tan diferentes como el de los servicios auxiliares; componentes de automoción, transporte de personas y mercancías; gestión de residencias, jardinería, embalaje o manipulación de alimentos; entre otros».
Para muchos de estos proyectos, según precisa, «quedarse fuera» de un porcentaje «importante» de la contratación pública, supone una «limitación importante» para su propia evolución como empresa.
