La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha asegurado que la Constitución Española sería «la única en el mundo» que mencionaría a las mujeres y niñas con discapacidad si se termina aprobando el Proyecto de reforma Constitucional que ahora está en las Cortes para su tramitación parlamentaria. Esta ley contempla la modificación del artículo 49 para, entre otras cuestiones, eliminar el término ‘disminuido’ y cambiarlo por ‘personas con discapacidad’.
Este cambio supone «un reconocimiento de la igualdad de género». Así lo ha expresado la secretaria del patronato de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, en un artículo de opinión que aparece en la publicación mensual ‘Generosidad’ de CERMI Mujeres.
Concretamente, el artículo del texto constitucional al que se refiere Villarino es el 49 que, gracias a su reformulación, establece un nuevo artículo mucho más amplio e integral que cristaliza la visión de derechos al mencionar en su literalidad que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad».
Un hecho que, según Villarino, es «relevante» porque «merced a esta reforma, la Carta Magna incluirá ya tres menciones a las mujeres a lo largo de todo el texto, cuando hasta ahora solamente había dos». De esta manera, celebra que las mujeres y las niñas con discapacidad hagan «historia al ser las primeras en aparecer de forma expresa en un texto de importancia capital».
«Una vez más somos las mujeres con discapacidad quienes ponemos a nuestro país a la vanguardia mundial», asegura, al tiempo que destaca la innovación social y el esfuerzo colectivo de muchos años que «supone un avance más» que «pertenece a todas».
La eliminación del término disminuido
A mediados de mayo, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto para esta reforma que propone un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
Este texto, además del cambio del término ‘disminuido’, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
«Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes», recoge el texto del Gobierno, que indica, además que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad».
Además, se llama a regular «la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio» de los derechos y deberes de estas personas, y se reafirma que este colectivo goza de «la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos».
En este contexto, el pasado 13 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la «responsabilidad y conciencia cívica» de todos los grupos parlamentarios para aprobar por «unanimidad» la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, una reforma «de calado», según el presidente, que pone a España «a la vanguardia».
Sin conceso para reformar el artículo 49 de la Constitución
El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, lamenta que en estos momentos no exista el consenso que hubo 43 años atrás para alumbrar la ley de leyes, y como ejemplo destaca ni siquiera está garantizada la reforma puntual de la Constitución promovida por el Gobierno para modificar el artículo 49 y acabar con el término ‘disminuido’. Y eso que, según defiende, su contenido es «indiscutible».
Y es que tanto el PP como Vox tienen registradas sendas enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo devolver al Gobierno el proyecto, un rechazo que amenaza la aprobación de este cambio en la Carta Magna ya que se necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara.
Mientras que el PP argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen», Vox señala que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como ‘perturbadora’ por el propio Consejo de Estado».
Bolaños sostiene que el Gobierno de coalición muestra «estabilidad», el PSOE y Unidas Podemos ganan «todas» las votaciones en el Parlamento y además «no hay alternativa», pero pese a ello se intenta generar un «cierto ambiente de bloqueo e inestabilidad» por parte de la oposición. Para sustentar esta afirmación señala el rechazo del PP a renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante la jornada también intervino Miquel Roca, uno de los ‘padres’ de la Constitución. Roca dijo entender que haya una legítima ambición para reformar algún aspecto de la Carta Magna, pero recalcó si no hay acuerdo en este sentido no es por culpa de la Constitución sino porque «no hay voluntad política».
