La sentencia, iniciada por una denuncia interpuesta por la Policía Nacional en 2016, ha considerado que el médico amenazó directamente a la esposa de un lesionado medular y a un empresario del sector de la ortopedia, con el objetivo de que el material que estaba recetando fuese vendido por un negocio concreto de la localidad de Cabra.
Los hechos según se recoge en el ABC tienen lugar en el año 2015, cuando una familia de Baena se puso en contacto con una de las ortopedias de la localidad para conseguir una silla de ruedas con motor eléctrico por venta provada. El propietario de la ortopedia informó de tenían que ponerse en contacto con un especialista para que le recetase este tipo de vehículo, y así lo hicieron.
De esta manera comenzó una larga lucha con la sanidad pública hasta que dio con un médico de rehabilitación del Infanta Margarita, que fue quien le recetó la silla de ruedas eléctrica. Dicho material tiene un funcionamiento similar al de las farmacias. Los médicos recetan y el paciente elige dónde le viene mejor retirarla dentro de los negocios con convenio.
En este caso, a la familia de Baena le pareció contraproducente tener que ir hasta Cabra por la silla, dependiendo así de una empresa externa para desplazar la silla hasta su localidad. Es por ello, que la familia se puso en contacto con un negocio más cercano, cuyo propietario les explicó que no tenían por qué adquirir nada en un lugar determinado.
Es aquí donde llega la condena por dos delitos de coacciones. En primer lugar, amenazó a la esposa del paciente, asegurando que o retiraban la silla eléctrica de la ortopedia de Cabra o en ese mismo momento se rompía la receta y tendría que buscarse otro médico.
La esposa del paciente, una señora mayor, rompió a llorar e insistió en estar muy agradecida al galeno por haberle facilitado un vehículo que financia el SAS. El médico negó en sede policial y judicial haber dicho tal cosa. Aseguró que romper la receta no tiene sentido porque ya están en el sistema informático del SAS.
La postura del hospital
Desde el Área de Atención Ciudadana del hospital Infanta Margarita se pusieron en contacto con la mujer y le aseguró que podía pedir la silla de ruedas donde más oportuno le pareciese. Según el sumario, la dirección del centro intervino directamente en esta cuestión, donde la reacción del galeno no fue otra que recriminar la intervención administrativa, declarando “que se iba a enterar” en concreto.
Por último, el médico llamó amenazando a la ortopedia de Baena, declarando que si la silla se vendía fuera de Cabra, afectaría muy negativamente a su actividad profesional, ya que cada vez que tuviera que dar el visto bueno médico a material esta ortopedia lo rechazaría o retrasaría.
El juez entiende que era un aviso para coartar su legítima actividad profesional, además, ha dado plena veracidad a los testimonios del denunciante y de la testigo. La defensa por su parte, alegó el principio de que en caso de duda, se ha de dar la razón al reo. La sentencia afirma que ese principio rige cuando queda alguna duda, que no es el caso.
La sentencia intuye un interés económico directo, por ello tanto ímpetu en que el material se adquiriese en un lugar concreto. La sentencia es por coacciones y ni por delito de percibir dinero a cambio de servicios empresariales, que es el de cohecho. La instrucción, desveló que la situación de adquisición de este tipo de productos es tremendamente peculiar.
Dicho delito de coacciones está penado con entre seis y tres años de cárcel y de doce a 24 meses de multa. La sentencia de Penal 1 estima que, dado que se trató de una coerción realizada por un funcionario público, más que una pena privativa de libertad lo que se debe sancionar es con una multa que ronda los nueve mil euros por cada delito de coacción.
