Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos mujeres acusadas de regentar una residencia ilegal de ancianos en Vinaròs (Castellón). Algunos de los residentes son «grandes dependientes», que se encontraban en situación de desatención.
Además, los usuarios estaban expuestos a «múltiples y graves riesgos de índole sanitaria, médica, asistencial, nutricional o arquitectónicos».
Según ha informado el instituto armado en un comunicado, a las detenidas se las investiga por delitos contra la integridad mora. También por abandono de personas necesitadas de especial atención, contra la salud pública, intrusismo profesional, estafa y contra el derecho de los trabajadores.
Unas sospechas que eran ciertas
La actuación ha sido llevada a cabo por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Ellos corroboraron las sospechas iniciales respecto a la existencia en Vinaròs de una parcela edificada que hacía las veces de residencia geriátrica ilegal y de domicilio de las detenidas.
La Guardia Civil constató la existencia de un «anormal trasiego» de ancianos «residentes de día». Allí entraban y salían regularmente del domicilio de las detenidas.
También se comprobó que en el interior de las instalaciones se alojaban con carácter de internos varias personas «gran dependientes» con movilidad reducida y/o disfunciones cognitivas.
Sin seguimiento ni cuidados
Estas personas estaban siendo «precariamente atendidas» y no recibían el seguimiento y cuidados intrínsecos a su perfil de dependencia. Los agentes realizaron gestiones en la oficina de servicios sociales de Vinaròs para corroborar si el supuesto domicilio «geriátrico» era un establecimiento autorizado. La respuesta fue negativa.
Los agentes comunicaron los hechos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs, que se hallaba de guardia. Al mismo tiempo se solicitó una entrada y registro del inmueble.
Con el mandamiento judicial y el apoyo del personal de la Dirección Territorial de Bienestar Social y su cuerpo de inspectores, los agentes constataron mediante fedatario público las condiciones de «desatención, desamparo y elevado riesgo» al que estaban siendo sometidos los ancianos residentes.
Un centro sin autorización
El centro carecía de cualquier tipo de autorización y pese a ello, ejercía actividades tan sensibles como el cuidado de ancianos al margen de cualquier control administrativo, y los residentes estaban expuestos a «múltiples y graves riesgos de índole sanitaria, médica, asistencial, nutricional, arquitectónicos», entre otros.
La diligencia se llevó a efecto por un equipo conjunto integrado por miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil, miembros de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Generalitat Valenciana.
Ellos estuvieron acompañados por inspectores de la Conselleria de Bienestar Social, entre ellos una doctora. Ella fue la que determinó el «urgente traslado» de dos de los ancianos al hospital comarcal.
Los ancianos residentes han sido derivados al hospital para su atención y valoración médica. Además, se les ha reubicado por la Dirección Territorial de Bienestar Social en distintas soluciones habitacionales de la provincia. Por orden judicial se acordó la clausura de las instalaciones y su posterior precintado.
