El Consejo Español para la Defensa del Discapacidad y de la Dependencia en el decimotercer aniversario de la publicación en el BOE de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se congratula del avance que supuso, desde el consenso político, los apoyos hacia las personas mayores, personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, etc. la aplicación de esta ley.
Sin embargo, a día de hoy es importante recordar tal como anticipa la asociación Estatal de directores y Gerentes de Servicios Sociales, recogido en el informe “El Caos de la Dependencia” realizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), se estima que 30.409 personas reconocidas como dependientes han fallecido en 2.018 en España sin haber recibido prestación o servicio, más de 80 personas al día. Asimismo se calcula que más de un cuarto de millón de personas que tienen reconocida su grado de dependencia siguen sin percibir ningún tipo de prestación económica ni servicio o apoyo. habiendo además enormes diferencias en la lista de espera para la dependencia entre las distintas comunidades autónomas; atentando todo ello al principio de igualdad el conjunto de los españoles.
En cuanto a la financiación de los apoyos para las personas reconocidas con cualquier grado de dependencia – moderada, severa y gran dependiente – en el que el Estado iba a aportar el 50% de la inversión que dichas prestaciones, se comprueba que, de media, los usuarios soportan en un 21 por ciento el coste de esos servicios, el 80 % cada Comunidad Autónoma y apenas un 9% el Estado. CEAPS y CEDDD, exigen elevar la inversión en servicios de apoyo para la autonomía de las personas y de la dependencia al 2% del PIB, lejos todavía del 2,53% de la inversión en los países del entorno europeo.
De modo propositivo, el CEDDD, a través de CEAPS, defiende modelos de concertación inclusivos, que no dejen fuera a ningún centro que quiera participar, independientemente de su naturaleza jurídica, a un precio en el que se tengan en cuenta todos los costes: los directos, la inversión realizada y los salarios que habría que pagar para dignificar el sector, y que serían superiores a los actuales. Los precios y tarifas públicas llevan una década congelados o, incluso, minorados, y en la mayoría de situaciones, no cubren los gastos, lo que incide en la calidad asistencial. Adicionalmente, una verdadera coordinación socio-sanitaria, que cubra todos los costes y necesidades del proceso vital.
Para ello es necesario una nueva Ley, más centrada en la autonomía de las personas mayores:
- Disponer de un historial social y clínico compartido por administraciones públicas, gestores y familias. Un sistema de evaluación y elección flexible, que se adapte al desarrollo de la dependencia de las personas.
- Una nueva Ley que garantice que, toda la población con derecho a recibir prestación, tengan el recurso necesario que elijan, con toda libertad e independencia, donde residan.
- Una nueva Ley que garantice la dignidad las personas mayores atendidas en los centros residenciales y en las instituciones que las atienden.
- Una nueva Ley que incremente los Servicios que permitan a los mayores estar en casa el mayor tiempo posible.
Una nueva Ley que incorpore dispositivos inteligentes en los domicilios de las personas dependientes que reciben el servicio de Teleasistencia permitiría dar un salto cualitativo importante. Las nuevas tecnologías, al servicio de las personas.
