Plena inclusión y su entidad miembro, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), aplauden la intención del Gobierno de agilizar la agenda política y social de la discapacidad. Entre otras, promover la reforma del artículo 49 de la Constitución o la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Civil.
Estas medidas fueron anunciadas este martes 18 de febrero por el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Javier Rebollo, en un acto institucional con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son uno de los colectivos más discriminados por la vigencia de la actual norma que regula la modificación de la capacidad jurídica que –además de incumplir el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad–, en ocasiones impide la participación de estas en actos jurídicos, en la toma de decisiones de sus organizaciones o en algunas esferas de su vida como la compra de una vivienda, firmar contratos o la
posibilidad de hacer testamento, entre otras.
Objetivo: aprobar la reforma
Desde Plena inclusión y AEFT se entiende fundamental aprobar esta reforma del Código Civil. Alana Cavalcante, jurídica de ambas organizaciones, defiende que la aplicación posterior de la misma “reconozca el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, garantizando que aquellas que lo precisan cuenten con los ajustes necesarios para la toma de decisiones en los actos jurídicos”.
En este sentido, y coincidiendo con la celebración del año de “el poder de las personas” que centra sus esfuerzos en seguir luchando para se cumpla el derecho a participar y a decidir de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ambas organizaciones alientan tanto al Gobierno como al Poder Judicial a seguir favoreciendo el diálogo con las entidades de discapacidad, expertas en la creación y
aplicación de modelos y herramientas que promueven el ejercicio de la capacidad jurídica, para que en la práctica, la reforma se aplique a la luz de la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.