El presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz, apuesta por «repensar» el modelo de residencias. En este caso hace referencia a la de personas con discapacidad y de mayores, tras la situación vivida durante la crisis del Covid-19.
En una entrevista concedida a ‘Cermi.es semanal’, el diputado socialista afirma que «si hay que repensar las residencias de mayores, también las de personas con discapacidad». «Por ejemplo, se está hablando mucho de que tiene que haber servicios de atención primaria adecuados en las residencias de mayores, pues exactamente igual en las de personas con discapacidad», subraya.
En este sentido, Ruiz lamenta las dificultades que ha provocado la pandemia en el trabajo de la comisión parlamentaria que preside, aunque recuerda que en septiembre termina el plazo de enmiendas para la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Según detalla, en la norma se incluirá la regulación de la accesibilidad cognitiva, clave para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que el propio diputado reconoce que en España es un tema poco avanzado. «Estamos muy atrasados», asegura.
Asimismo, resalta que desde esta comisión se trabaja de forma transversal con otras comisiones de la Cámara Baja cuando tratan asuntos que afectan a la discapacidad. Este es el caso de la Comisión de Justicia, que tramita la reforma del Derecho Civil para pasar del modelo de incapacitaciones a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones, al tiempo que debate también la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.
Critican el retraso de la Ley de Autonomía Personal
El parlamentario socialista critica el retraso en la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para acabar con los actuales criterios de copago, una cuestión sobre la que el CERMI presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) hace cuatro años, tras haber recabado la firma de 740.000 personas. En su opinión, «no puede ser que esos copagos sean una barrera» para acceder a medicamentos y otros servicios de apoyo. «Eso no nos lo podemos permitir», sentencia.
Asimismo, para avanzar hacia la plena inclusión social, destaca la relevancia de garantizar la accesibilidad universal en entornos, bienes y servicios, ya que «la discapacidad no puede ser un impedimento para que una persona acceda a lo que accede cualquier otro ciudadano».
Del mismo modo, indica que «el empleo es otra cuestión importante», por lo que aboga por que la discapacidad esté presente en la negociación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, al tiempo que sostiene que «la inspección de trabajo tiene que hacer más de lo que hace en el cumplimiento de la reserva de empleo para personas con discapacidad en las empresas».
