El Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado el estudio ‘Impacto de la Inteligencia Artificial en los derechos de las personas con discapacidad’. Esta es una nueva apuesta de este organismo por la generación de conocimiento. Además, cubre una laguna existente en la literatura científica constituyendo un primer y serio esfuerzo de análisis de las intersecciones entre discapacidad e Inteligencia Artificial con un enfoque de derechos humanos.
Para la elaboración de este estudio se ha contado con la asistencia técnica de Fundación ONCE. También ha sido fundamental la experiencia propia en primera persona y se ha encuestado a 864 personas con discapacidad. De esta manera se ha garantizando la representatividad en variables relevantes: tipo de discapacidad, género y edad. Entre los resultados de estas encuestas se ha visto que, si bien el 99,8% conocen productos o gadgets de inteligencia artificial, solo el 12,3% las usa.
El estudio, editado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) identifica como barreras tanto la falta de accesibilidad de estos productos como el sobrecoste añadido para las personas con discapacidad, así como la complejidad de las instrucciones y los menús de estas tecnologías.
La Inteligencia Artificial y su objetivo de hacer la vida más fácil
La Inteligencia Artificial tiene el potencial de hacer la vida más fácil y mejor a todas las personas. Pero, ¿también a las personas con discapacidad? La inteligencia artificial aprende mediante algoritmos en base a grandes cantidades de datos, pero si en estos datos no hay ejemplos positivos de las personas con discapacidad, la inteligencia artificial tenderá a subrepresentarla, a ignorarla y por tanto a discriminarla.
Para el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, «la inteligencia artificial suscita importantes cuestiones éticas en relación con la naturaleza, la inocuidad y la idoneidad de esas tecnologías, así como sus repercusiones en la vida de las personas con discapacidad. Por eso era necesario impulsar este estudio, porque la Administración Pública debe esta vigilante para que, en este caso, la inteligencia artificial, no se nutra del capacitismo y vuelva a repetir los patrones de opresión y de exclusión», indica Martín.
Discriminación laboral
En el caso de las personas con discapacidad desempleadas o en búsqueda activa de empleo, las plataformas de ofertas de empleo en base a inteligencia artificial constituyen una especial preocupación en cuanto a su inaccesibilidad y dificultad de uso.
Los avances que se han generado en materia de empleabilidad de personas con discapacidad “pueden caer en saco roto si se afianza la tendencia actual de uso de sistemas de IA para llevar adelante los procesos de contratación de las grandes y medianas empresas”. El estudio se refiere en concreto a que si bien la discapacidad se considera información personal, los sistemas actuales pueden detectar cuando el candidato o candidata tiene, ha tenido, o puede tener una discapacidad. Si las empresas no tienen obligación de revelar cómo se ha diseñado, “esta funcionalidad pone en jaque al sistema legal de antidiscriminación laboral”.
Existen ya numerosas aplicaciones en el mercado basadas en inteligencia artificial que permiten «mediante la obtención de datos biométricos (reconocimiento facial, pulseras de lectura de signos vitales) y combinados con datos personales (historia clínica), preferencias (actividad en redes sociales) y rastros de información (ingresos en centros de salud), predecir y advertir a una persona con esquizofrenia cuando se aproxima a un brote psicótico» se explica en el tercer capítulo. Las tecnologías basadas en IA también están dirigidas a personas autistas, «con la promesa de enseñarles a actuar de manera más neurotípica».
En teoría, aclaran las responsables del estudio, «nada impediría que este tipo de funcionalidades sea implementado por empresas, instituciones públicas, centros educativos, asociaciones civiles, para cribar y prevenir el ingreso de personas con discapacidad psicosocial», por ejemplo.
