4 sanciones por incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo que ha puesto el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, en el periodo que va desde 2015 a 2022. Así lo ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tras requerirle la información. Todo ello en virtud de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
Así, en el año 2016 se impuso por ese Departamento una sanción; en el 2017, 2 y en 2020, otra, aunque en este caso la denuncia procedía del año 2018. Cuatro en total, en un lapso de tiempo de 8 años.
Las cuatro sanciones impuestas, de carácter económico, siempre con la consideración de infracción grave en su grado mínimo. Menos en un caso, que fue en grado máximo, ascendieron a los 30.000 euros y 90.000 euros, respectivamente.
Las empresas sancionadas administrativamente por infracción de los derechos de las personas con discapacidad fueron:
- ING Bank: en la cuantía de 30.000 euros
- Endesa Energía: en la cuantía de 30.000 euros
- BBVA: en la cuantía de 30.000 euros
- Vueling: en el montante de 90.000 euros
Durante el año 2021 Derechos Sociales recibió 22 denuncias y en el año 2022 se llevan recepcionadas 6, de las que sólo han sido admitidas 1 cada año. En 2022, la única denuncia admitida ha resultado archivada.
