La Junta de Andalucía ha hecho balance en materia de dependencia desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Desde la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que lidera Rocío Ruiz, ha informado del gasto que han tenido desde marzo de 2020. Y es que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) ha abonado más de 1.257 millones de euros para la financiación de los servicios y prestaciones en materia de dependencia.
Así lo ha explicado en comisión parlamentaria, en la que ha realizado un balance de la gestión de su departamento respecto a la dependencia en Andalucía. En concreto, ha especificado que, del total abonado, 308 millones de euros se han destinado al pago de las prestaciones económicas; 462,8 millones se han transferido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales para la financiación del servicio de ayuda a domicilio; 380,4 millones se ha destinado al servicio de atención residencial; 95,4 millones de euros al servicio de centro de día; y, finalmente, 11 millones de euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.
«Ha sido un año muy intenso, que nos ha exigido lo mejor de todos y que, desgraciadamente, se ha cobrado la vida de muchas personas. Aunque también ha supuesto un avance en la reducción de la lista de espera y en la incorporación al sistema de muchas personas dependientes», ha subrayado.
Rocío Ruiz ha destacado que la Junta de Andalucía ha cerrado el año 2020 con 228.555 personas beneficiarias. Esto supone un máximo histórico en la Comunidad Autónoma y ha aprobado para el ejercicio 2021 el mayor presupuesto de la historia para políticas sociales y dependencia, 1.639 millones de euros.
Medidas administrativas y económicas excepcionales
Respecto al balance de las actuaciones puestas en marcha en materia de dependencia durante el primer año de la pandemia por Covid-19, Ruiz ha recordado «la adopción de medidas excepcionales con el fin de contener el contagio, proteger la seguridad ciudadana y reforzar el sistema de salud pública.
Unas actuaciones acompañadas de medidas administrativas y económicas de carácter extraordinario con el fin de garantizar la prestación de los servicios, asegurar el mantenimiento del empleo de las entidades del sector, así como reforzar todos los servicios y prestaciones posibles en pro de garantizar la máxima protección».
Sobre la financiación extraordinaria promovida para mantener los más de 45.000 empleos asociados, ha destacado el abono del 100% del coste de las plazas vacantes y la ampliación de la reserva hasta los 60 días naturales, abonándose la diferencia, en el servicio de atención residencial. Así como el abono de las plazas por salida voluntaria. En este caso de la atención residencial, hay que sumar la ampliación de 300 nuevas plazas (200 para personas con discapacidad y 100 para mayores). Estas se unen a las 465 que ya se incrementaron en el año 2019.
Los centros de día
Respecto a los centros de día, la consejera se ha referido al abono del 80% del precio/plaza, la reserva quedando suspendida la obligación del copago y el seguimiento domiciliario o de carácter telemático para verificar que la persona quedaba debidamente atendida. Asimismo, «ante la situación de crisis sanitaria, las personas que hayan visto alteradas sus circunstancias de forma permanente, han visto priorizada la tramitación de la revisión de su PIA», ha señalado.
También ha informado sobre la ayuda extraordinaria valorada en 13,5 millones de euros para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia a las
entidades prestadoras de servicios de atención residencial y centros de día y de noche para personas en situación de dependencia.
El copago y el servicio de ayuda a domicilio
Por otra parte, la disminución del copago que ha pasado del 40 o 30% al 25% para plazas con y sin transporte ha supuesto un ahorro de media de 980 euros al año por persona, algo que no se había modificado desde el año 2002 y que permite equiparar el copago de los centros de día de mayores a los de personas con discapacidad.
En el caso del servicio de ayuda a domicilio, Rocío Ruiz ha remarcado que «desde el inicio, se ha garantizado la financiación de este servicio con un mínimo; equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020, hasta el 21 de junio». Asimismo, se ha referido a la reconfiguración de las atenciones domiciliarias de forma personalizada; así como el abono a los ayuntamientos y diputaciones provinciales del importe financiado establecido en el PIA; todo ello vinculado al compromiso de mantenimiento del empleo.
A ello, recientemente, se ha unido la entrada en vigor con fecha 1 de marzo del incremento del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio en un 12,3%, pasando de 13 a 14,6 euros. Esto beneficiará a 32.000 profesionales, en su mayoría mujeres. «Un precio nunca actualizado desde que se puso en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia», ha subrayado.Para el caso del Servicio Andaluz de Teleasistencia, la consejera ha hecho referencia al refuerzo de persona. Y es que hubo campañas extraordinarias como la de información sobre Covid-19 o la vacunación de la gripe. También para el Proyecto de Farmacia para el control de las personas mayores que no estaban recogiendo sus medicamentos. Eso se saldó con la inclusión de 182 nuevos profesionales y la reasignación de 24 trabajadores a puestos de supervisión.
