Casi el 30% de los edificios de la Administración aún no es completamente accesible. Así lo ha reconocido el propio Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, reconociendo al mismo tiempo que no ha cumplido con la Ley de Discapacidad, que establecía el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para lograr la accesibilidad universal en sus inmuebles.
A este respecto, Daniel-Aníbal García, el Secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ha destacado que el problema, precisamente, “no es que no esté bien regulado -los derechos de las personas con discapacidad-, sino que no hay un cumplimiento de las normas”. Por eso, ha advertido, la estrategia de la Confederación y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los próximos meses “será de litigación activa y exigencia de esos derechos que ya están regulados”
De los 299 edificios con los que cuenta la Administración pública, 86 siguen sin ser totalmente accesibles. En términos porcentuales, son el 28,8% y por metros cuadrados, ascienden hasta los 146.023 metros cuadrados públicos, de un total de 759. 060 metros cuadrados, los que siguen teniendo barreras para las personas con discapacidad.
En este sentido, el Gobierno ha explicado que se han llevado a cabo varios estudios a través de Ilunion para comprobar el estado y las necesidades de los edificios en esta materia. Según manifestó en la citada respuesta parlamentaria, se contrató un informe de accesibilidad para los edificios de la sede central y de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de Madrid con Ilunion, del que se recibieron los informes en junio de 2017. Ahora se están tramitando diversos contratos, aunque su ejecución dependerá de las disponibilidades presupuestarias.
Para el parlamentario socialista, la actual situación demuestra que aún queda mucho por hacer “para avanzar en la igualdad” y cumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir.
Para avanzar en la igualdad, y siguiendo los postulados de esta Convención se hizo una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal. El pasado 4 de diciembre pasado se acabó el plazo establecido por la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: pero la respuesta del Ejecutivo a Heredia demuestra que no se cumple.
Los edificios tienen que ser accesibles en todas sus formas para todo el mundo, así como las páginas webs o los trenes de Renfe. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará “siempre que fuera susceptible de ajustes razonables”.
