Plena inclusión ha denunciado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la situación de «exclusión extrema» de la población reclusa con discapacidad intelectual. La confederación no entiende que el Gobierno de España trate así a las personas con discapacidad. Así lo ha manifestado el director de la confederación –que agrupa a 935 asociaciones por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo–, Enrique Galván, durante una reunión con Fernando Grande-Marlaska.
Galván ha informado al ministro de algunos datos «preocupantes» del informe ‘A cada lado’, de Plena inclusión, según el cual «la mayoría de estas personas llegan al proceso judicial sin que se tenga en cuenta su discapacidad».
En concreto, de los datos se desprende que «solo» un 16,3% de las personas que cumplen condena acceden a la formación que ofrece Instituciones Penitenciarios por «falta de adaptación» de los materiales. Además, apunta que el porcentaje de reincidencia es de un 54,5%, «muy superior a la media del resto de la población reclusa».
«Hemos solicitado al ministro que arbitre mecanismos (ya que es el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) para detectar cuanto antes que una persona detenida tiene discapacidad intelectual, porque los datos son muy preocupantes», ha subrayado Galván.
No se le tiene en cuenta la discapacidad
Según ha precisado, «solo a un 8,9% se le tiene en cuenta la discapacidad en comisaría, alcanzando el 51% en prisión». Y en el procedimiento judicial, ha añadido que «hay un 69% de personas con discapacidad intelectual a las que no se les tiene en cuenta».
En el estudio, Plena inclusión, que trabaja desde 1985 con población reclusa, aporta 50 propuestas de mejora para un sistema judicial, policial y penitenciario que «estigmatiza y discrimina a cientos de personas con discapacidad intelectual presas».
Entre ellas, destacan herramientas de cribado y detección temprana de la discapacidad que se ofrecen a los servicios policiales y penitenciarios.
