El Congreso de los Diputados ha acordado hoy, con el apoyo de todos los grupos, estudiar la reforma de la ley electoral para garantizar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad.
El pleno del Congreso ha debatido hoy la toma en consideración de una proposición de ley de la Asamblea de Madrid que pide modificar la norma de régimen electoral general para que las personas a las que se les haya limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad queden reintegradas plenamente en el mismo.
Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dispone que carecen de este derecho «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, siempre que el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».
«Tendríamos que avergonzarnos todos los diputados porque a ninguno de nosotros, cuando ejercemos nuestro derecho al voto, se nos examina sobre nuestro conocimiento político y nadie prejuzga la calidad de nuestro voto», ha subrayado el diputado del PP Ignacio Tremiño.
Se ha referido a la concejal del PP en el ayuntamiento de Valladolid Ángela Bachiller que, son síndrome de Down, «ha estado luchando para que se le considerara una persona con capacidad» y para poder estar en las listas de un partido.
Por su parte, el diputado del PSOE Joan Ruiz i Carbonell, ha declarado que «hoy empezamos la etapa final del camino que devolverá la dignidad arrebatada» a una parte de la sociedad, y ha confiado en que las elecciones catalanas del 21 de diciembre sean las últimas que excluyen a este colectivo.
María Teresa Arévalo, de Unidos Podemos, ha criticado que el número de personas excluidas del derecho al voto «no deja de crecer», de forma que si en el año 2000 eran 13.000 personas, en 2015 aumentaron a cerca de 100.000.
Desde Ciudadanos, Diego Clemente ha defendido que estas personas «tienen derecho a participar». «Hoy decidimos su futuro y que puedan soñar con participar en él, no les fallemos».
El PNV ha lamentado que «el sometimiento de las personas con discapacidad intelectual a un examen sobre sus conocimientos sobre el sistema político y electoral implica la imposición de un obstáculo más y la exigencia de un plus que al resto de las personas no se les exige».
Desde el grupo Mixto, han pedido «agilidad» en la modificación de la ley, al igual que la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Mónica Silvana, que ha advertido de que más de 15.000 personas estarán excluidas del voto en las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
En septiembre de 2011, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas mostró su preocupación por el número de personas con discapacidad a las que se había denegado el derecho de voto en España.
Además, advirtió sobre la posibilidad de que esta privación «parezca ser la regla y no la excepción», por lo que pidió a España que revisara «toda la legislación pertinente» para que las personas con discapacidad tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en igualdad con los demás.
Así, el Comité pidió a España que modificara el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular.
