El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este martes en el Congreso que la edad o el momento de aparición de la dependencia se incluyan dentro de los criterios de modulación de la capacidad de renta de las personas que se benefician de la Ley de Dependencia.
El presidente del comité, Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad de Consumo de la Cámara baja, en donde ha presentado, por tercera vez en cinco años, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la que piden cambios en esta norma, especialmente en lo relacionado con el copago.
En concreto, ha reclamado la aprobación de un reglamento –que ya exige la ley— de unos criterios básicos sobre la capacidad económica y participación en el coste «iguales y vinculantes» para todas las administraciones. Estos criterios tendrían margen de ampliación de derechos y de mejora por parte de las comunidades autónomas.
El objetivo, ha explicado Pérez Bueno, es la «gratuidad del sistema», pero mientras proponen como mínimos, una exención de 2,5 IPREM (1.344,6 eruos) para todo tipo de servicios, incluido el residencial que es, según ha indicado, el más costoso. También proponen limitar el copago al 60% y preservar el 40% IPREM para que la persona tenga disponibilidad económica para el resto de sus necesidades.
«Frustración» y «desafección» de las personas con dependencia tras cinco años
En este sentido, el presidente de CERMI ha señalado las diferencias existentes entre autonomías. En algunas, según ha indicado, los servicios son gratuitos, mientras que en otras el copago alcanza el 90%.
Es por esto que reclaman, también la imposición de nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la personas, que deben incluir la edad o el momento de aparición de la dependencia. «No es lo mismo nacer con una situación de dependencia, que adquirirla en los 5, 10 o 15 últimos años de la vida», ha indicado.
En su intervención, Pérez Bueno, ha reprochado a los diputados la «frustración» y «desafección» que sienten los dependientes que llevan años esperando que el reglamento que exige la ley sobre esta materia de apruebe y ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios para que esta iniciativa se tramite en el Parlamento.
El apoyo de los grupos parlamentarios, ha señalado, es importante para cambiar un sistema que, a su juicio, es «negativo» e, incluso «paralizante» para sus beneficiarios. A su juicio, la situación actual «no asegura el derecho» de los dependientes a las ayudas que les corresponde, sino que, según ha declarado, «avoca» a muchos de ellos a «la compra» de dicho derecho o, incluso, es «expulsado» del sistema al no poder pagarlo.
Apoyo de la mayoría
La mayoría de grupos parlamentarios ha mostrado su apoyo a estos cambios. Desde el PSOE, su portavoz en esta comisión, Carmen Andrés, ha pedido responsabilidad al resto de partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno para, a través de ellos, lograr la «sostenibilidad» del sistema; mientras que la diputada del PP en esta materia, Alicia García, ha denunciado el «fracaso del sistema», que se ha visto «agravado por la pandemia».
Es por ello que los ‘populares’ consideran «oportuna» esta ILP, y ven también «importante» un incremento de la partida para la dependencia. García ha recordado que había una partida de 1.000 millones de euros en el Fondo Covid para ello, pero que, según ha declarado, «desapareció» en el Consejo de Ministros de junio.
También Ciudadanos, a través de su portavoz Guillermo Díaz, ha manifestado su apoyo a la iniciativa como, ha recordado, ya hicieron en las anteriores ocasiones en las que se presentó. La representante de Unidas Podemos, Rosa María Medel, por su parte, ha reprochad que durante la crisis de 2008 «se rescatara a los bancos» y se «abandonaran los servicios sociales».
Tanto ERC, como Junts y PNV, a través de sus diputados Xavier Eritja, Concep Cañadell y Josune Gorospe, respectivamente, han celebrado la iniciativa, pero han cuestionado la posibilidad de una gratuidad universal de los servicios. Además, han señalado la «infrafinanciación» del Estado en este sentido.
Reforma de la constitución
Pérez Bueno ha recordado que la gratuidad es un «horizonte» que les gusta plantearse y ha reconocido que el Gobierno no ha llegado a cumplir «casi desde el principio» el reparto de 50%-50% con las autonomías que reclama la ley. Además, ha denunciado, no hay datos sobre las aportaciones de los usuarios que, según ha indicado «iba a ser» de un máximo de un tercio.
El presidente de CERMI ha respondido también a la pregunta del portavoz de Vox en la Comisión, Juan Luis Steegmann, sobre la posibilidad de que el sistema de dependencia esté en esta situación como consecuencia del Estado autonómico y la descentralización de algunas competencias.
Para Pérez Bueno «la Constitución está ahí» y su valoración debe quedar «al fuero de cada persona». Eso sí, ha propuesto una reforma de la Carta Magna para que recoge como fundamentales los derechos sociales.
En la actualidad, ha indicado «no se regula, ni se reconocen ni se garantizan los derechos sociales», ha denunciado, para indicar que su presencia en la Constitución como fundamentales permitiría que medidas como esta no estarían determinadas por el mayor o menor compromiso de los legisladores o por una mayor o menor partida en los presupuestos.
