Adelante Andalucía ha sostenido este martes en el Parlamento que la Junta «está incumpliendo la Ley Andaluza de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad, que establece un cupo mínimo del 10% para personas con discapacidad en ofertas de empleo público y bolsas de trabajo temporal en las contrataciones que está realizando con motivo de la crisis del Covid-19».
Así lo ha indicado la parlamentaria de Adelante por Málaga Vanessa García, quien en una nota ha aseverado que las acciones del Gobierno andaluz «van en dirección totalmente contraria a la inclusión laboral de estas personas».
«Se han dejado 300 personas con discapacidad fuera»
Ha explicado que en Adelante se hacen «eco» de «la discriminación que numerosos colectivos han denunciado en la contratación de los 3.000 auxiliares de control de playas con motivo del Covid-19, al saltarse totalmente el cupo mínimo del 10%». En concreto, ha explicado que la administración andaluza habría dejado fuera «al menos a 300 personas con discapacidad, infringiendo su propia ley».
Por otra parte, la parlamentaria también se ha referido a «las contrataciones exprés de la Junta de Andalucía, las que se abren y cierran en 24 horas», que, además de haber sido denunciadas por «ignorar los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, también excluyen sistemáticamente a determinados colectivos, como las personas con discapacidad», según ha agregado.
«Han estado aprovechando el estado de emergencia para usar a la administración pública de Andalucía como su centro de colocación, pasando por encima de la ley, la moral y discriminando a muchos colectivos vulnerables, amparándose en la situación de extrema urgencia aunque las plazas no guardaran relación con tareas de emergencia, sin agotar la bolsa única ni de las distintas especialidades», ha indicado la parlamentaria de Adelante Andalucía en alusión al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs).
Plan Aire
En cuanto al llamado Plan Aire, la parlamentaria ha afirmado que los colectivos que representan a personas con discapacidad también han denunciado la «discriminación» que sufren cuando la Junta «habla de sólo un 6% de reservas, cuando la propia ley establece un mínimo del 10%».
